Juliana Argañaraz
“Hijos de una gran puta”, “cretinos” y “pedazos de mierdas” son solamente algunos de los poco amables calificativos con los que la abogada Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, se despachó en contra de la Justicia el miércoles en su cuenta de Twitter. Minutos después, borró el tuit.
Lo que pasó fue que la abogada de Amado Boudou y del excanciller Héctor Timerman se había enojado con la Cámara de Casación porque creyó que había avalado la apelación presentada contra la confirmación parcial del procesamiento al fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal y extorsiones, a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, fue la Cámara Federal de Mar del Plata la que resolvió, en plena feria judicial de enero, admitir las apelaciones, explica La Nación.
En otro tuit, Peñafort se rectificó y redirigió su insulto contra la Cámara Federal de Mar del Plata. “Rectifico mi puteada. La feria se la habilitó a Stornelli la Camara de Mar de Plata, Casación aún no se expidió”, explicó..
Rectifico mi puteada. La feria se la habilitó a Stornelli la Camara de Mar de Plata, Casación aun no se expidio.
— Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 13, 2021
También contó que en 2018 solo obtuvo la ayuda del “decente y humano” juez federal Sergio Torres, quien le concedió la excarcelación a Timerman “por motivos humanitarios”.
En aquellos dias de enero de 2018 solo me tope con un juez decente y humano. Se llamaba Sergio Torres y fue quien concedio la excarcelacion de Timerman por motivos humanitarios.
— Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 13, 2021
Para los jueces Bernardo Bidel y Eduardo Jiménez -integrantes de la sala de feria de la Cámara de Mar del Plata- en la causa en la que está procesado el fiscal Stornelli “se debaten cuestiones que, por sus efectos y connotaciones sociales, efectivamente pueden suscitar una situación de gravedad institucional”.
Por eso, habilitaron “de manera excepcional la instancia casatoria”. Ahora, el máximo tribunal penal federal del país será el encargado de decidir si acepta revisar las apelaciones o deja firme lo resuelto en Mar del Plata.