La derogación del decreto firmado por Mauricio Macri en enero de 2017, por el cual se endurecían los controles migratorios para impedir el ingreso al país de extranjeros vinculados al delito y se agilizaban los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales, generó una fuerte polémica sobre la eficacia de las medidas.

Luego de que el Presidente anulara el decreto del exmandatario, los principales referentes de Juntos por el Cambio salieron a rechazar la decisión: advirtieron que la flexibilización de los controles es “incomprensible” y “fomenta” la actividad del narcotráfico y el crimen organizado en el país.

Pero en cambio el Gobierno argumentó que el DNU de Macri no mostró “mejoras ponderables” en materia migratoria. Durante los cuatro años de su gestión, unos 3.000 extranjeros fueron expulsados de la Argentina.

La cifra de deportados tuvo un crecimiento exponencial durante el mandato del anterior gobierno.

El número duplicó la cifra del último mandato de Cristina Kirchner (1.256). “Terminamos la gestión con aproximadamente 3.000 expulsados, entre los que delinquían o violaban la ley migratoria. Antes de Macri las cifras de deportaciones eran nulas”, remarcó un exfuncionario del macrismo.

Según un informe que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) difundió a medidos de 2019, la cifra de deportados tuvo un crecimiento exponencial durante el mandato del anterior gobierno, sobre todo, después de que se pusieran en marcha las medidas para endurecer los controles en enero de 2017.

En 2015, último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, hubo 239 deportados. Entre 2016 y 2017, la cifra de extranjeros expulsados pasó de 323 a 495. En 2018, el dato volvió a subir: hubo 703 expulsiones. Además, hubo 53.866 inspecciones de control de permanencia entre 2016 y 2018. Desde el macrismo remarcan también que durante la gestión de Cambiemos se radicaron 820.000 extranjeros.

El decreto de Macri apuntaba a acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales.

El decreto de Macri apuntaba a acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y establecía una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.

El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (de doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado).

Rogelio Frigerio, exministro del Interior, remarcó que el decreto de 2017 que reforzaba los controles inmigratorios respetaba “todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”. “Aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como esta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales”, subrayó.

Para el diputado nacional Luis Petri (UCR), la decisión de Fernández “pone un freno a los procesos de expulsión de los extranjeros que delinquen, garantizándoles su permanencia en el país, delinquiendo”. “Entre 2016 y 2019 hubo 3.000 expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país”, apuntó.

En enero del año pasado, Fernández había cuestionado con dureza el DNU firmado por Macri en 2017.

En los considerandos del decreto 138/21, el gobierno de Fernández explicó que la disposición de Macri “modificó aspectos sustanciales” de la ley de migraciones (25.871). Y, para justificar la derogación de la medida, advirtió que los cambios impulsados por la gestión de Cambiemos “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”. Asimismo, indicó el Ejecutivo, la normativa agravó “exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

En ese marco, el Gobierno restituyó “la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas” por el DNU de Macri de 2017 y dispuso la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria, que deberá proponer “medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización” de la ley de migraciones.

En enero del año pasado, Fernández había cuestionado con dureza el DNU firmado por Macri en 2017. “Lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”, sostuvo el Presidente durante una visita oficial a Israel.