Horacio Serafini
La alianza de gobierno Cambiemos asoma al último año de la administración de Mauricio Macri con tensiones internas de incierto desenlace de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre.
La incertidumbre también es alimentada por la indefinición acerca de cuáles serán al final los ejes de la estrategia de su campaña ante la casi certeza de que la economía no dará señales palpables de salida de la recesión actual a tiempo como para incidir favorablemente en el voto.
El propio Presidente abonó esa certeza en la conferencia de prensa del lunes pasado, en lo que de hecho fue el inicio anticipado de la campaña electoral; y después de que él mismo anunciara su decisión de ir por la reelección una vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le garantizó que no tendría zozobras financieras hasta el final del mandato.
"No queremos hacer más pronósticos", reconoció Macri, cuando un periodista le preguntó si la economía repuntará en marzo, como había hecho trascender el mismo Gobierno. Después de la incumplida promesa de "la lluvia de inversiones en el segundo semestre", el Presidente no quiere volver a quemarse.
Tampoco podrá apelar al cumplimiento de las promesas centrales de la campaña con las que se convirtió en Presidente. Lejos del "cero" prometido, la pobreza aumentó exponencialmente; "la grieta" se extendió a la distribución del ingreso: los grandes ganadores del negocio financiero, frente a buena parte de la población con dificultades para afrontar el pago de servicios públicos dolarizados. Hasta la meta de inflación de 23 por ciento prevista por el Gobierno para 2019 parece lejana después de la mayor inflación en 27 años con que cerrará 2018.
Tal vez sea en el combate al narcotráfico donde pueda mostrar algún resultado, aunque de incierto impacto en la decisión electoral. A lo que en los últimos días sumó otro que sí puede tenerlo: los cambios en la política de seguridad con el otorgamiento a las fuerzas federales de mayores atribuciones para el uso de las armas de fuego.
Detrás de ello vino el aval de Macri a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, previo elogio por el operativo que rodeó al G20. Bullrich tendría un papel de campaña protagónico en ese esquema pergeñado por el "círculo rojo" macrista que encabeza el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con Jaime Durán Barba en bambalinas.
La irrupción de Elisa Carrió, sin embargo, amenaza con echar abajo esa estrategia. La líder de la Coalición Cívica primero cruzó duro el cambio impulsado por Bullrich con aval de Macri, plantándose como adalid de los derechos humanos: "Los viola. Nosotros no vamos a ir al fascismo". Para después bajar decibeles y limitarse a pedir que los cambios sean por ley.
Funcional a Cambiemos, en tanto se presenta como "oposición" interna, contenedora de un sector de votantes de la coalición disconformes con otras políticas del Gobierno, Carrió pretende con estas embestidas preservar su espacio de poder en la coalición. Si bien anticipó que no será candidata en octubre, quiere para sus candidatos lugares expectables a la hora del armado de las listas. El principal, a senador por la Capital, para el que impulsa al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
El principio de estrategia que empezó a ensayar el jefe de Gabinete con la seguridad al tope también encuentra resistencia en otros socios claves. La gobernadora María Eugenia Vidal hizo punta con su negativa a darle a "la bonaerense" atribuciones similares a las de los federales; una manera de marcar distancia del Gobierno central, como lo había hecho en agosto cuando pidió reconocer la "crisis del dólar", ante "la tormenta" de la que hablaba Macri. También mostró autonomía al acordar estos días con el massismo provincial el desdoblamiento de las elecciones municipales de la bonaerense, en un anticipo de lo que podría ser con la nacional, si la candidatura de Macri así lo requiriera para neutralizar una eventual postulación de Cristina Kirchner.
También en "la pata peronista" de Cambiemos hay una visión crítica de esa estrategia. Sus principales promotores, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de Diputados, Emilio Monzó, cuestionan "la no política" y propugnan los más amplios acuerdos distritales. "Habrá que discutir con mucha generosidad y amplitud, sin cerrarnos. La prueba está en que cuando lo hicimos en 2017, dimos vuelta la derrota en las Paso, como en Salta y La Rioja", dijo una fuente de ese sector.
Los radicales recelan de esa amplitud porque temen perder espacios de poder. A mediados de año tuvieron un primer encontronazo con el Gobierno por diferencias dentro del interbloque de Cambiemos en Diputados, que se repitió con mayor resonancia en noviembre a raíz de la pérdida de un lugar en el Consejo de la Magistratura que estaba destinado al cordobés Mario Negri, jefe de su bloque.
La cena del miércoles pasado con formato "5más5" en un restaurante porteño, entre ellos Peña, Frigerio; el presidente de la UCR, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y Negri, sirvió para hacer las paces. Al menos hasta que los tiempos empiecen a apurar las definiciones de los candidatos, sobre todo en distritos en los que el radicalismo cree tener expectativas de triunfo, como sería Córdoba.
Un anticipo de que esos choques volverán lo dio a este diario una fuente gubernamental poco antes de aquella cena: “Habrá que discutir con mucha generosidad y amplitud, sin cerrarnos. Se entiende que el radicalismo quiera cuidar a sus candidatos en las provincias, pero tampoco hablamos de candidatos que muevan la aguja de manera sustancial, o que sean garantía de triunfo”.