Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron hoy a la Cámara Federal porteña que dicte la prisión preventiva para el CEO de Techint Paolo Rocca y el ex funcionario Juan Manuel Abal Medina, al apelar la decisión del juez Claudio Bonadio, quien los procesó en la causa por los cuadernos de la corrupción pero los dejó en libertad, informaron fuentes judiciales.

Según la apelación, a la que tuvo acceso Infobae, además pidieron lo mismo para el ex secretario privado de Abal Medina, Martín Larraburu, y los empresarios Alberto Padoán (de Vicentín) y Rubén Aranda (Proalsa-Chimen Aike).

Según los fiscales, se comprobó que "los imputados convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos". En ese sentido, les corresponde la prisión preventiva como a otros imputados en la misma causa.

"Se ha probado […] que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada", plantearon Stornelli y Rívolo, y agregaron: "Va de suyo que esta organización criminal, tal como se dio por probado en esta causa, importó la actuación mancomunada de varios intervinientes, cuyos roles fueron distribuidos y orquestados a través de un esquema de organización".

Además, en el planteo afirman que "es aquí dentro de este esquema, donde resalta la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios, cuyas voluntades se plegaron de manera decisiva a otros integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia, puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar".

Y agregaron que, "por el contrario, muchos de ellos se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal, en pos de sacar provecho del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios".

"Así pues en lo que respecta a los imputados Abal Medina, Larraburu, Rocca, Padoán y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes vuestra señoría sí procesó con prisión preventiva, independientemente de que algunos de ellos continúen transitando en libertad atento a lo resuelto por vía incidental (excarcelación y exención de prisión según el caso)", concluyeron.