El dueño de Austral Construcciones sostuvo que tiene todas sus propiedades embargadas y su dinero en el exterior inmovilizado por orden judicial.


Lázaro Báez aseguró no poder afrontar la caución de 386 millones de pesos que se le fijó ayer para excarcelarlo y reiteró un pedido de prisión domiciliaria mientras se tramita la apelación a ese requisito.

La presentación se hizo ante el Tribunal Oral Federal 4 que este miércoles redujo su fianza de 633 millones de pesos a 386 millones por orden de la Cámara de Casación, informaron fuentes judiciales.

“Corresponde conformar la decisión a las pautas establecidas por el Tribunal de Casación en virtud del reenvío efectuado”, señalaron los jueces del TOF 4 Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado al fundamentar el fallo con el que redujeron el monto, a pesar de que señalaron que no era un criterio que compartieran con el tribunal superior.

Para establecer la nueva suma, los jueces se basaron en el dictamen del fiscal Abel Córdoba “presentado en fecha 16 de julio del año en curso, donde consideró que ‘el cálculo adecuado (para la fianza) resulta de aplicar la cotización oficial del dólar minorista que publica el Banco Central de la República Argentina, que a las 15 hs de ayer se ubicaba en $ 70,287 por dólar, ecuación que arroja un total de $ 386.578.500′”.

Sin embargo, la defensa del dueño de Austral Construcciones apeló nuevamente ante el Tribunal que juzga a Báez, sostuvo que tiene todas sus propiedades embargadas y su dinero en el exterior inmovilizado por orden judicial y pidió que se le de la prisión domiciliaria sin ningún tipo de caución.

La defensa de Báez pidió que se dicte la nulidad del alegato final de la querella por la Oficina Anticorrupción, en la segunda jornada del alegato que terminará la semana próxima.

La fiscalía, por su parte, pidió la semana pasada una condena a 12 años de prisión.

Báez está detenido desde junio de 2016 y según sostuvo Casación en el fallo en el que se ordenó reducir la fianza ya se cumplieron los plazos previstos para la prisión preventiva sin condena, fijados en dos años con posibilidad de uno de prórroga.




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