La diferencia está dada por el valor que le asignó el gobierno a los nuevos papeles.


Unos 15.000 millones de dólares más. Esa es la diferencia entre la primera oferta realizada por el Gobierno a los bonistas y la cuarta presentada ante el regulador estadounidense, para intentar una reestructuración de deuda externa con la que se esquive un default masivo como el de 2001.

No se trata de dinero extra que Argentina pondrá por encima de lo que ya debía, sino de plata que dejará de ahorrar porque la quita que aplicará, en caso de cerrar la operación, es menor a la prevista el 21 de abril cuando comenzó el ida y vuelta con los acreedores.

El Gobierno y los acreedores se han ido acercando lentamente a lo largo de estos 76 días. Y esta es la primera vez que la brecha llegó a un punto cercano al cierre. Pero aún falta que hablen los grupos de acreedores más duros y con mayor peso: “Ad Hoc” y “Exchange”.

Mohamed El-Erian, economista de Allianz, ex PIMCO y actual asesor del fondo Gramercy dijo que la oferta es “aceptable”. Alejandro Hardziej, de Pala Asset Management (otro acreedor), expresó: “Teniendo en cuenta todo lo que está atravesando el país, parece una oferta buena”.

Justamente, Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc comunicaron que “acogen con beneplácito” la nueva oferta. “Proporciona sostenibilidad, que es crucial para un crecimiento económico duradero e inclusivo”, dijeron en un comunicado.

Ese viento favorable no indica que el canje ya sea un hecho. Falta conocer la palabra de protagonistas como Larry Fink, presidente de BlackRock, el fondo más grande del mundo y líder de Ad Hoc, con capacidad para arrastrar bonistas a favor o en contra.

Cómo cedió Guzmán

(Foto: Presidencia)

Con distintos instrumentos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, elevó el Valor Presente Neto (VPN) inicial de los nuevos papeles un 33,75%, cuando los bonistas más duros pedían que lo hiciera en un 50%.

El VPN pasó de 39 dólares promedio por lámina de cien el 21 de abril a 48 a mediados de mayo; subió a 50 el 17 de junio; y ahora se ubica en los 53,5. En el camino, los bonistas relegaron seis dólares y medio, dado que al principio pedían un VPN de 60 dólares.

En paralelo, el alivio en el flujo de caja para toda esta década, pasó de 65.000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares, según un análisis de la consultora Eco Go. Es dinero que Argentina pagará, pero con vencimientos más largos y tasas más bajas.

Al principio, el Gobierno no quería reconocer los intereses corridos y no abonados de los bonos actuales hasta el día que comenzó la negociación. Ahora lo hará incluso hasta el 4 de septiembre a quien acepte la oferta actual antes del 4 de agosto.

La oferta incluye un bono al 2030 que pagará interés del 1% anual. Este papel se dará a cambio de los intereses corridos de los títulos actuales, analizó la Sociedad de Bolsa Buenos Aires Valores. Esto no estaba al principio.

La disputa “política”

(Foto: Ministerio de Economía)

Uno de los mayores capítulos de disputa es el legal, donde Guzmán también cedió contra la impronta política que el presidente Alberto Fernández decidió darle a la negociación e incluso contra lo que indicaba el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El 25 de junio, en un seminario que fue abierto por el magnate Michael Bloomberg, Guzmán dijo que, como es miembro del G20 y del FMI, la Argentina no iba a claudicar en cumplir el lenguaje contractual estándar desde 2014. Pero tuvo que desdecirse.

En la cuarta oferta, la gestión Fernández ha decidido mantener el Indenture (lenguaje contractual) 2005 para los tenedores de los bonos de los canjes 2005 y 2010 (Discount’s y Pares). Y sólo le aplicará las cláusulas elaboradas en 2014 por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) a quienes compraron deuda argentina a partir de 2016.

Si se quiere, esta última es la pelea política que el propio Gobierno ha planteado y ha perdido. Buscaba un blindaje antibuitre por la vía legal y tuvo que acercarse a ello por la vía económica alejando el VPN de un precio “basura”. La idea de una gesta para marcar el camino para renegociaciones de otros países ha quedado atrás.

Como contrapartida, el Gobierno ha establecido que quienes no acepten el canje y sean arrastrados por las cláusulas de acción colectiva, no percibirán un VPN de 53,5 dólares sino de 52,2 dólares.

Otra diferencia grande será el período de gracia. En el verano Guzmán había anticipado a los bonistas que el objetivo era no pagar nada durante cinco años. Cuando hizo la primera oferta, estableció tres años. Finalmente, el periodo de gracia ahora es sólo hasta septiembre de 2021. Así, la gestión de Fernández tendrá que afrontar cinco vencimientos semestrales, cuando en la propuesta inicial sólo le tocaba uno.

La quita de capital cayó del 5,4% al 1,9% promedio. En cuanto a los intereses que se ofrecen, el promedio simple pasó de 2,9% a 3,5%, mucho más cerca del entre 3,6% y 3,9% que piden los bonistas más duros con BlackRock a la cabeza.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.




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