La iniciativa se encamina a obtener la sanción por una amplia mayoría de votos, para después girarla al Senado.


La ley que regula el teletrabajo, y que obliga a las empresas a pagarles la computadora y la conexión a internet y demás servicios a sus empleados por trabajar desde sus casas, sorteó este lunes la tercera y última reunión informativa en la comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, y se encamina a ser aprobada en la próxima sesión.

Tras haber escuchado la opinión de los líderes de la CGT, la CTA y de decenas de sindicatos, el miércoles pasado, y la del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, el jueves, este lunes fue el turno de representantes del sector empresario, jueces laborales y especialistas.

Ahora la comisión de Legislación del Trabajo se reunirá por última vez este miércoles, a partir de las 15, ya con el fin específico de que expongan su visión los propios diputados y firmar los dictámenes que serán puestos en consideración en la próxima sesión que realizará la Cámara Baja, que podría ser entre esta semana y la próxima. Y también será virtual.

Tanto los sindicalistas y el ministro Moroni como los empresarios y los jueces están a favor de modificar la ley de Contrato de Trabajo para incluir al teletrabajo como nueva modalidad, con reglas específicas.

El objetivo de los diputados al escuchar a todos los sectores es elaborar un texto de consenso, sobre la base de una veintena de proyectos ya presentados por diputados del oficialismo y de la oposición.

Las negociaciones vienen muy bien, según pudo saber Vía País, y así la iniciativa se encamina a obtener la sanción por una amplia mayoría de votos, para después girarla al Senado.

La idea compartida por todos es que la ley establezca los principios básicos del teletrabajo como modalidad y que las especificidades queden para las negociaciones de cada convenio colectivo de trabajo.

“Hay una coincidencia mayoritaria en que esta será una ley marco que habilita una nueva modalidad, que no está contemplada en la ley de Contrato de Trabajo, y en los convenios colectivos de trabajo se la deberá regular más específicamente. Con esta ley pretendemos garantizar los pisos mínimos de derechos”, dijo a Vía País el diputado radical Albor Cantard, vicepresidente de la comisión de Legislación del Trabajo.

Qué dicen los empresarios

En la reunión de este lunes, entre los expositores por el sector empresario estuvieron Carolina Castro y Laura Giménez, directivas de la Unión Industrial Argentina (UIA), institución que les propuso a los diputados que la ley, una vez sancionada, no entre en vigor de inmediato sino a los 180 días de que cesen las medidas tomadas en virtud de la emergencia sanitaria.

La UIA además expresó su visión sobre la forma de trabajo voluntaria y, por ende, reversible de la iniciativa en discusión. Esto significa que para pasar de modalidad presencial a modalidad a distancia el empleado deberá expresar su consentimiento voluntariamente y por escrito, y ese consentimiento podrá ser revocado por el propio trabajador en cualquier momento de la relación.

La UIA enfatizó la importancia de que se respeten las facultades de organización y dirección de la empresa, permitiendo la reversión en cualquier momento del contrato y estableciendo un plazo de aviso previo para ambas partes: de 30 días de preaviso, igual para las dos partes.

A su turno, Esteban Mancuso, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se refirió al “derecho a la desconexión”.

Este principio supone que el trabajador “tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”, según un borrador que circula sobre la iniciativa.

Mancuso dijo que “no queda claro cuál va a ser el criterio o cómo se va a implementar desconexión” y planteó el interrogante sobre “qué cobertura brindarían las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), y qué valor tendrían las alícuotas”.

“Con esta modalidad (el teletrabajo), el riesgo de accidente disminuye, pero la cobertura se extendería a una multiplicidad de hogares y podrían terminar aumentando el valor de las alícuotas”, explicó el directivo de la CAC.




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