El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se refirió este lunes a la denuncia pública que la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó por las presiones que recibió una jueza durante el macrismo y, aunque aclaró que las presiones son habituales, reconoció que existía un sistema en el que se abrían causas para tratar de forzar la decisión de los magistrados.
"El operador sigue existiendo, en tanto y en cuanto manifieste su opinión y quede ahí, a nosotros no nos mueve el amperímetro. Ahora, si eso después se dispara en una denuncia en contra de alguien porque no le gusta cómo decide, bueno ahí empezamos con un tema distinto que son los que en este período en el Consejo evitamos. Todas las causas que no tengan sentido para estar o investigarlas, se cierran", remarcó Lugones en declaraciones a radio El Destape.
El letrado realizó esas declaraciones tras los mensajes que difundió el pasado sábado Cristina Kirchner para apuntar contra el exrepresentante del Poder Ejecutivo en la Magistratura Juan Bautista Mahiques al afirmar que fue él quien presionó a la juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, en el marco de la causa por el memorándum con Irán.
“No fueron momentos fáciles para algunos jueces, especialmente que veían que las denuncias aparecían una detrás de otra. A veces impulsada por el Gobierno y a veces por alguna otra persona que no figuraba explícitamente”, admitió Lugones.
Y puntualizó que antes de su llegada a la Magistratura, en ese organismo encargado de designar, controlar y sancionar a los jueces, había denuncias contra magistrados que "quedaban en un limbo a la espera de ver qué pasaba".
Cuando se le preguntó si esto era parte de una operación de armado de causas, Lugones se limitó a señalar: “No sé si les armaban, estaban ahí. Salvo algunas puntuales, como en el caso de (el camarista Eduardo) Freiler, las demás quedaban en un limbo esperando ver qué pasaba”.
Al respecto, explicó que en el Consejo de la Magistratura existe un mecanismo por el cual las denuncias que se presenten contra los jueces no prescriben durante el plazo de tres años. "Siempre plantee que era bastante molesto que se abriera un plazo de tres años para las denuncias que quedan ahí sin instruir y no se avanza ni para atrás ni para adelante", opinó.
Incluso recordó que durante la gestión de Cambiemos muchas presentaciones contra el fallecido juez federal Claudio Bonadio se mantuvieron sin tratamiento. "Este Gobierno que pasó, de manera extraña, conforme a la sintonía que había en el pensamiento de Bonadio con el Gobierno que terminó, también había denuncias que después terminan cerrándose con la desaparición física de Bonadio", detalló.
“Cuando hay cuestiones muy complejas que nos caen en los Tribunales a cualquiera de nosotros no es descabellado que alguna persona que esté cerca del Gobierno de turno nos llame, es una cosa a la que ya nos hemos acostumbrado, que tampoco nos cambia en la decisión que vamos a tomar”, aclaró el titular de la Magistratura.
Consideró que en parte esa situación coincide con la que describió la jueza Figueroa, quien dijo que un funcionario del ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano durante el gobierno de Macri, se presentó en su despacho para preguntarle cuándo se iba a pronunciar respecto a una causa.
“Eso lo explica la doctora Figueroa. A ella la llamaron y les dijo: entiendo su posición pero esto lo resuelvo como corresponde. Los jueces tenemos funciones políticas, nuestras decisiones no pasan desapercibidas por el ámbito de la política. Y tampoco nos tiene que asustar un llamado por teléfono o una visita, porque en realidad ni el llamado por teléfono ni la visita va a cambiar en nada nuestro criterio para decidir”, aclaró Lugones.
Sin embargo, también admitió que en el Consejo de la Magistratura “había denuncias contra la doctora Figueroa que estaban ahí paradas, que no habían avanzado ni en un sentido ni en el otro, respecto de varios temas”. Seguido, explicó que “hoy no quedó nada en su contra”.
Aunque relativizó el impacto de las presiones, sí alertó sobre la decisión de impulsarlas con denuncias. "Si eso después se traduce en una denuncia en el Consejo fundada por el representante del Ejecutivo o por se traduce en alguna otra denuncia de alguna otra persona cercana al gobierno de turno, ahí entramos en otras circunstancias".
“El operador sigue existiendo, en tanto y en cuanto manifieste su opinión y quede ahí, a nosotros no nos mueve el amperímetro. Ahora, si eso después se dispara en una denuncia en contra de alguien porque no le gusta cómo decide, bueno ahí empezamos con un tema distinto que son los que en este período en el Consejo evitamos. Todas las causas que no tengan sentido para estar o investigarlas, se cierran”, se comprometió.
Cristina Kirchner salió a denunciar públicamente a Mahiques a pesar de que la jueza Figueroa evitó revelar el nombre del funcionario que se presentó en su despacho para presionarla.