Leonardo González
En el marco de los próximos comicios electorales del mes de junio, el joven candidato a Concejal de la ciudad de Ushuaia, Alejandro Josué Espino (Lista 165 - Partido Verde TDF), presentó una decena de propuestas para transformar Ushuaia, entre las que se destaca la creación de una "Casa Refugio" para mujeres victimas de violencia. Un proyecto que despertó mucho interés y generó gran aceptación en la opinión pública, ya que es el único aspirante al Concejo que planteó abordar este tema que tan padecido en nuestra provincia.
La violencia de género o violencia contra la mujer, es una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos. Su continua aparición en las sociedades de todo el mundo causa, sin dudas, un perjuicio constante a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras manifestaciones de violencia en el seno de las sociedades.
"En este sentido, observamos que en el último tiempo, es una de las problemáticas de mayor crecimiento en Tierra del Fuego, y es por esto, que en la actualidad surge la necesidad de que el Gobierno garantice la seguridad y protección de las víctimas de este flagelo" Manifestó el candidato.
Y agregó "la creación de este refugio temporal, servirá como albergue seguro, de manera transitoria para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. Este lugar tendrá como objetivo principal proteger a las mujeres, de la agresión psicológica, sexual o emocional, e incluso de la muerte violenta ocasionada por sus. Como así también ofrecerles, apoyo social, legal y de salud".
"Es un espacio que brindará protección para las mujeres y sus hijos, se dirige, primordialmente a quienes carecen de apoyo familiar, vecinal o comunitario". Sentenció Espino.
La ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada el 11 de marzo de 2009, establece la obligación de los tres poderes del Estado en adoptar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres y varones, fijando al Congreso Nacional de las Mujeres como el organismo encargado del diseño de las políticas publica para efectivizar sus disposiciones.