El proyecto del peronismo tiene la mayoría para imponer la decisión.


Todo indica que el jueves se sancionará la Ley Micaela en Tucumán, luego de los momentos de tensión que se han registrado en los distintos sectores políticos del parlamento local. Hasta el sábado, había la firma de 35 legisladores del peronismo, que impulsan la adhesión a la norma nacional.

Por su parte, Fuerza Republicana, que responde a Ricardo Bussi, va con un proyecto propio, al igual que los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci, que tienen otra iniciativa. En tanto, no definieron sus votos tres radicales: José Azcárate, José María Canelada y Raúl Pellegrini, al igual que Federico Masso, que responde a Libres del Sur.

En un debate televisivo, el legislador peronista, Daniel Deiana, indicó: “Es una Ley que se ha debatido mucho en el bloque oficialista. Se ha tomado en cuenta y en consideración de lo que es la Ley nacional, y de la mirada de distintos legisladores de nuestra bancada sobre el tema”.

“Se concluyó en resumir todo en un solo proyecto, donde se va a adherir a la Ley nacional y, en segundo lugar, que la responsabilidad de la capacitación, como así también el contenido, la publicación y el seguimiento de esta ley, recaiga en cada uno de los poderes del estado”, puntualizó Deiana.

En tanto, precisó que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, serán los máximos responsables de llevar adelante esas capacitaciones e informar cómo se van cumpliendo. También se invitará a todos los municipios de la provincia, que se adhieran o determinen modalidad de capacitación en este sentido.

Sin embargo, el parlamentario recordó que falta, únicamente, la adhesión de Tucumán a esta ley y que “17 o 18 provincias que hicieron la adhesión, modificaron parte o gran parte de esa ley”.

Por su parte, la legisladora bussista, Nadima Pecci, comentó que presentaron un proyecto que tiene la capacitación obligatoria en los tres poderes del estado, en la temática de violencia contra la mujer, violencia familiar y los derechos del niño.

“Nuestra postura en este sentido es confeccionar una ley provincial que regule la capacitación de los empleados públicos, sin la injerencia de organismos nacionales, por ejemplo el Ministerio de Mujeres, en el caso de la Ley Micaela”, afirmó Pecci.

Sin embargo, cuestionó y señaló que “es una ley absolutamente ideologizada y por eso hemos presentado nuestra alternativa, que garantiza justamente la pluralidad de ideas, la objeción de conciencia y la no persecución al empleado público”.

El legislador Raúl Albarracín, autor del tercer proyecto indicó: “Estamos convencidos que a la mujer hay que protegerla, cuidarla y para eso debemos capacitar, no solamente a los agentes del estado, de los tres poderes, sino también a la sociedad toda y al personal civil”.

“En mi proyecto invitamos al sector privado que se sume a la capacitación”, acotó y explicó que la formación se debe hacer “en un campo de libertad, no imponiendo una determinada doctrina e ideología. Somos un país federal, entonces como provincia podemos dictar nuestras propias normas, y porque atarnos a una ley nacional”.

“Podríamos decir una “Ley Solange”, una “Ley Natalia”, una “Ley Luciana”, algunas de nuestras mujeres que han muerto en Tucumán”, concluyó el legislador tucumano.




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