Se trata de Jorge Neme, secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán. Se realizaron cinco allanamientos en propiedades vinculadas al funcionario en la capital y Yerba Buena.


El secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, Jorge Neme, es investigado por la Justicia Federal a partir de denuncias anónimas realizadas en 2017 por irregularidades en adjudicaciones de obras de riesgo en distintas provincias a una empresa constructora.

Fuentes judiciales indicaron que el jueves, a través de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Tucumán, se realizaron cinco operativos en propiedades vinculadas a Neme, ubicadas en la capital provincial y en Yerba Buena.

Paralelamente, llevaron adelante dos allanamientos en Catamarca y tres en Buenos Aires, por la misma causa. Los gendarmes fueron en busca de “documentación contable de personas y empresas relacionadas al caso”, señalaron los voceros.

Las medidas fueron dispuestas en la causa judicial a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos, que investiga presuntas irregularidades en licitaciones efectuadas mediante el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), perteneciente al Ministerio de Agroindustria.

El funcionario provincial fue coordinador durante 14 años (antes de asumir como secretario de Relaciones Internacionales) de ese organismo gubernamental y de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), entidad que gestionaba y ejecutaba préstamos del exterior destinados al desarrollo rural en las provincias.

La causa se inició en 2017 con dos denuncias anónimas ante la justicia federal, y a principios de 2018 la Oficina Anticorrupción (OA) avaló, mediante un dictamen, ambas presentaciones. En la última denuncia, se mencionaron posibles sobornos por 240 millones de dólares y enriquecimiento ilícito.

Al ser consultado, Neme respondió: “En esos 14 años, se ejecutó una cifra muy importante en obras de infraestructura, en proyectos de riego y en el desarrollo de las economías regionales de todas las provincias”.

“Los financiamientos fueron obtenidos a través del Banco Mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Corporación Andina de Fomento (hoy Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-); y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, de Naciones Unidas) y todas las operaciones fueron aprobadas por las instituciones financieras, con la no objeción respectiva”, aseguró.

“No tengo duda de que, en la medida que avance la investigación, todo esto será aclarado”, concluyó.




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