La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, aseguró este miércoles que Vicentin manifestó "expresamente su disposición" a conformar un fideicomiso con otros actores de la actividad agroexportadora y el Estado como vía para revertir su actual situación de quebranto.

"Fue una reunión muy provechosa", le dijo la funcionaria a Télam tras el diálogo que mantuvo con representantes de la empresa. La audiencia de conciliación fue iniciativa del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores la cerealera.

El encuentro se desarrolló por la tarde en las oficinas del magistrado en el departamento General Obligado. Allí también estuvo el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, como otro de los representantes del Gobierno santafesino.

Por parte de la agroexportadora intervino el actual presidente de Vicentin, Daniel Buyatti, acompañado por el abogado corporativo de la firma. Cerrada la conversación, Lorenzini y los asistentes pactaron una segunda reunión para el jueves 30 de julio.

Según Stratta, la empresa mira con buenos ojos que "las acciones sean entregadas a un fideicomiso", uno de los puntos que destacó como principio de acuerdo al cabo de dos horas. Al mismo tiempo, aclaró que la nueva propuesta del Ejecutivo provincial para la continuidad de la operación de Vicentin a través de un fondo fiduciario se planteó "en grandes trazos".

"A eso hay que pulirlo, pero el punto de partida está", añadió la titular de la IGPJ. Por otra parte, reiteró que la Casa Gris aspira a "defender el interés público" así como la continuidad de la operatoria de la agroexportadora y los puestos laborales de Vicentin.

En diálogo con Télam, fuentes de la empresa calificaron a la audiencia como "una buena reunión" y dijeron que la propuesta del Gobierno santafesino de crear un fideicomiso es una especie de "punto en común". Recalcaron que el fideicomiso se debe conformar en el marco del "concurso de acreedores" que lleva adelante el juez Lorenzini.

La crisis de la agroexportadora generó diferentes movilizaciones en Avellaneda, su ciudad natal. (Twitter)

"Ambas partes coincidimos en que el fideicomiso es una herramienta que permitirá inyectar fondos y confianza", ponderó Stratta en relación al proceso judicial para sanear una deuda de 100 mil millones de pesos.

Si hay luz verde para el proyecto, la administración correrá por cuenta del fiduciario, a quien nombrará el directorio. De ese modo, los actuales ejecutivos de la empresa "tendrían que dejar la administración" pero no por vía de una intervención, sino de un acuerdo del que formen parte.

Sin brindar mayores detalles, la funcionaria provincial anticipó que pretenden conjugar "esfuerzos públicos y privados, con acopiadores, cooperativas, con todos los interesados" en participar del negocio agroexportador.

"Hay muchos que manifestaron interés, entre ellos los mismos acreedores", dijo la titular de la IGPJ. El objetivo es no solo sacar a Vicentin de su actual situación financiera, sino "potenciarla" con aportes de fondos de instituciones financieras y actores del agro dispuestos a invertir en su reconstitución.

Hasta su default y posterior caída en concurso de acreedores, la operatoria de la compañía suponía alrededor del 9 por ciento de la oferta exportable del país, básicamente a través de envíos al exterior de granos, aceite de soja y sus subproductos.

El plan santafesino contempla la idea de que los acreedores de Vicentin capitalicen con acciones sus acreencias. Entre los principales actores que deben cobrar se destaca el Banco Nación, con unos U$S300 millones; diversos bancos internacionales, por un monto estimado en U$S500 millones, y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con U$S90 millones.