Desde el Frente Progresisa aseguran que la empresa provincial estaba al día con la mayorista eléctrica en noviembre el año pasado.


En su último informe de gestión, el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, informó que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) supera los 10 mil millones de pesos de deuda con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), hecho que ahora motivó que el Frente Progresista le pida al Ejecutivo santafesino que informe sobre dicho pasivo.

Quien tomó la voz cantante en el reclamo de información al gobienro de Omar Perotti es la diputada socialista Clarla García, quien mencionó que en el informe de cobranzas de Cammesa al 29 de noviembre de 2019, la EPE no tenía deuda alguna por la energía consumida.

Es la misma legisladora la que cita el último informe de gestión presentado por Cafiero en el Senado de la Nación el pasado 17 de junio, se constata que al 31 de mayo de 2020 la deuda de la empresa pública santafesina asciende a $10.173.888.902, equivalente a 3,5 períodos pendientes respecto del último mes facturado.

“La EPE no solo distribuye un recurso tan esencial como la energía –remarcó García-, sino que es una prestadora estratégica e indispensable entre los servicios públicos y a seis meses del inicio de la actual gestión, vemos con preocupación la situación de una EPE injustificadamente intervenida, inexplicablemente endeudada, casi sin inversiones ni mantenimiento y cediendo su remanente financiero al Tesoro provincial para otros fines”, expuso García.

La diputada justificó el pedido de informes en que la eventual deuda “debe regularizarse para no poner en riesgo la solvencia de la empresa ni la prestación de este esencial servicio”.

García en su planteo pide específicamente al Poder Ejecutivo que informe a través de qué actos administrativos del interventor, Mauricio Caussi, se ordenó a las gerencias General y de Administración de la EPE incumplir los vencimientos contractuales, y los fundamentos para hacerlo, que quiebran un estricto historial de cumplimiento de la empresa.

También requirió el detalle de los intereses generados por estos incumplimientos, que acarrean un costo financiero innecesario a afrontar implícitamente por los usuarios del servicio; y de los acuerdos de pago realizados o en instancia de tramitación con Cammesa para evitar la judicialización de dicha deuda, que podrían llevar a la empresa a una virtual cesación de pagos.

Asimismo, García pidió conocer la evolución de ingresos y egresos del corriente año y el saldo en bancos al 31 de mayo de 2020, que forma parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), “ya que, al no haberse utilizado los recursos para cancelar las deudas citadas, el remanente financiero de la EPE estaría siendo utilizado por el Tesoro Provincial para otros fines, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y su capacidad de prestar este servicio público esencial”.




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