Casi 80 personas murieron en la provincia de Santa Fe por la acción intencional de miembros de las fuerzas de seguridad. El dato surge de un informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el que se destaca que la mayor parte de los casos no se refiere al cumplimiento del deber por parte de los uniformados para intervenir frente a un delito o evitarlo.
De acuerdo al estudio que lleva la firma del fiscal general Jorge Baclini y otras autoridades, 77 personas fallecieron entre 2014 y 2018 en episodios que involucraron a policías o prefectos. En ocho de cada diez hechos los autores emplearon armas de fuego y el 87% eran varones.
El análisis sobre 71 legajos de causas en diferentes sedes del MPA refleja que en el 24% de los homicidios hubo otros heridos. La mayoría de los acusados (85%), ya sea imputados o sólo mencionados en los expedientes, prestaba servicios dentro de la policía de Santa Fe. La única fuerza que no tiene miembros formalmente identificados en ese sentido es Gendarmería Nacional.
La distribución territorial refleja una diferencia contundente entre el departamento La Capital y Rosario. En este último murieron 51 de las víctimas, es decir, dos tercios del total, mientras que en Santa Fe y localidades vecinas se contabilizó algo más del 23%. El caso emblemático de Franco Casco es uno de tres que fueron remitidos a la Justicia federal al tratarse de una presunta desaparición forzada.
La violencia de género es la tercera causa más frecuente entre los homicidios registrados por la Fiscalía General desde 2014 hasta el último 31 de agosto. Casi el 12% de los fallecimientos se inscribe dentro de esa problemática y otro 23,4 por ciento tuvo a uniformados que reaccionaron para resistir o defenderse como víctimas. No obstante, más de la mitad de las muertes por uso de violencia de miembros de las fuerzas de seguridad (56%) se vinculan a eventos en los que los funcionarios "no intervinieron luego de un llamado o para evitar un delito flagrante que pudieran haber presenciado".