El 26 de julio la pequeña Paulina Mansilla de seis años jugaba en la bicisenda del Barrio Altos del Oeste, en la ciudad de Villa Mercedes en San Luis, hasta que Nayla Tatiana Gómez, que circulaba en motocicleta, se la llevó por delante. El miércoles la Policía de San Luis la detuvo y el jueves fue indagada, pero se negó a declarar.
Gómez tiene 20 años y quedó detenida por atropellar con su moto a la niña y darse a la fuga. Además de ser investigada por las lesiones que le ocasionó y abandonarla, está acusada por ocultar pruebas.
Según informó El Diario de la República, el jueves Gómez se abstuvo de declarar; sin embargo trascendió que un día antes, cuando la Policía fue a detenerla, la joven habría dicho que tenía la intención de acercarse a la familia de la niña y disculparse, pero no lo hizo por miedo a cómo iban a reaccionar los padres de la pequeña.
La joven era buscada desde el dia del accidente. Efectivos de la Comisaría 12ª la detuvieron en el corralón que tiene su padre en calle San Luis 474 y aseguraron al mencionado medio que prácticamente ni tuvieron que explicarle por qué habían ido ya que Gomez sabía que iban a buscarla a ella y a su moto.
Santiago Ortiz, juez Contravencional y Correccional, era quien tenía la causa en sus manos pero luego el magistrado le corrió vista a la fiscal Verónica Alonso Ernst.
Ella la imputó "lesiones en accidente de tránsito" y dos delitos más: "El abandono de persona, ya que algunos testigos aseguran que la conductora frenó y luego se fue, lo que implica un dolo, una intencionalidad. Y a su vez, según mi criterio, está el hecho de haber destruido y/o ocultado pruebas. Esos dos puntos son independientes al hecho de atropellar a la nena, que sí pudo ser un suceso accidental" explicó la fiscal.
Alonso Ernst hizo referencia a que cuando los uniformados secuestraron la Zanella 150 azul de la imputada, el rodado tenía "una rueda pinchada y una cadena cortada".
"Mi juzgado es competente en causas cuyos delitos no superan los cuatro años de pena máxima en caso de condena, pero según el Código Penal, el abandono de persona puede ser penado con hasta seis años de prisión, por lo que el caso excede mi competencia", explicó Ortiz. Por eso el magistrado se declaró incompetente y giró la causa al juzgado penal de turno, el que preside Ucelay.