Este viernes 26 de febrero marcará un antes y un después en la justicia sanjuanina. Es que comienza a regir el nuevo Sistema Acusatorio, un anhelo en el que la Corte de Justicia actual venía trabajando desde hace tiempo. A grandes rasgos, ahora serán los fiscales los encargados de la investigación penal preparatoria. Los jueces solamente juzgarán.

El sistema promete satisfacer una necesidad y pedido social: ganar en economía procesal. Es que la promesa de los jueces es resolver en plazos cortos y legalmente establecidos. También será trascendental porque en las audiencias prevalecerá el sistema oral, es decir, no se podrán presentar escritos ni para las pruebas.

En los últimos días, hubo una charla en el que la Justicia invitó a periodistas para hablar sobre el sistema. Citaron el ejemplo de un homicidio. Ante el crimen de una persona, en un plazo no mayor de 8 meses ya se debería dictar sentencia, siempre y cuando se encuentre al victimario y se reúnan las pruebas necesarias para culparlo.

La división por grado permanecerá, es decir, toda persona señalada como autora de un delito será investigada, en primer término, por un juez de primera instancia; y en segundo lugar, en la etapa de juicio, lo hará un juez de cámara o, en su defecto, un tribunal siempre que la causa sea compleja.

En la investigación penal preparatoria, será el fiscal quien deba buscar los testimonios de testigos y protagonistas, las pericias y todas las pruebas necesarias para esclarecer el hecho delictivo. El juez de control será el responsable de velar por las garantías y derechos de las partes para llevar adelante un proceso transparente hasta la elevación a juicio, a partir de lo cual intervendrán otros magistrados.

Seguirá la posibilidad del juicio abreviado. Es decir, defensas y fiscales podrán llegar a acordar una pena, sin tener que ir a la etapa de juicio. Esto permitirá una mayor agilización en las causas penales. Por supuesto, siempre deberá tener la homologación del juez que el abreviado llegue a buen puerto.

Por otro lado, se creó el Tribunal de Impugnaciones –o más conocido como Cámara de Apelaciones-, el que tendrá el deber de revisar aquellas sentencias que fueron impugnadas por alguna de las partes en juicio. El tribunal deberá actuar con rapidez y no podrá excederse del plazo de 30 días. Por último, para las causas anteriores a este nuevo sistema, habrá cuatro juzgados (dos correccionales y dos de instrucción) para darle un punto final a esos casos.