Mala praxis en Salta: “La obstetra nos había asegurado que estaba todo bien con nuestro bebé”

Fue al hospital de General Güemes porque tenía contracciones y la derivaron a Capital porque no tenían anestesista. Su bebé nació muerto.

Robo en el Hospital Joaquín Castellanos de Güemes (Web)
Robo en el Hospital Joaquín Castellanos de Güemes (Web)

Esta semana se conocerá la sentencia a los cinco médicos del Hospital “Joaquín Castellanos” del municipio salteño de General Güemes acusados de mala praxis por la muerte de un bebé. La mamá y el papá del pequeño Lucas esperan Justicia desde hace seis años.

En junio de 2015, Marta Braga y Carlos Argañaraz fueron a la Maternidad del hospital de Güemes porque ella transitaba la semana 38 de su embarazo y tenía contracciones. La atendió una enfermera que le confirmó que tenía la presión alta y los latidos del corazón de su bebé eran bajos. También le comunicaron que había realizarle una cesárea pero que la operación sería en el Materno Infantil de Salta capital porque allí no había anestesista. En el medio, su marido tuvo que ir a comprar algodón y apósitos post parto porque en el hospital no tenían.

“En el viaje la panza se puso dura como una piedra, y cuando llegué al Materno, me revisaron, y me dijeron que no sentían los latidos del bebé. Me hicieron una ecografía y me avisaron que había muerto”, contó Marta en una entrevista con el programa Central Policial. Marta y Carlos decidieron denunciar al personal que la revisó en Güemes porque entendieron que hubo malas atenciones desde el primer momento, y porque además la obstetra les había asegurado que estaba todo bien con el bebé.

Los imputados son anestesista Eduardo Villagra y el obstetra Roberto Farías por abandono de persona con grave daño en la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. El médico Marcelo Quiroga, que en junio de 2015 era gerente de Atención a las Personas; Alejandro Esteban Cortez Bellomo, que era jefe de Guardia, y Jorge Berni García, que era gerente general, son juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.