El juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, rechazó pedido de detención del exintendente del municipio salteño de Aguaray, Jorge Prado, presentado por el fiscal Penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.

Fundamentó su decisión en que resulta contradictorio lo expuesto por el fiscal al ratificar el pedido de captura y detención de Prado, al compartir parcialmente las medidas de sustitución solicitadas por la defensa. Hace referencia además que el fiscal indicó que una vez detenido el acusado comparte la aplicación del arresto domiciliario. Ante ello, el juez consideró que, al compartir la posibilidad de aplicar una medida menos gravosa que la detención, “denota una actitud caprichosa fiscal con el objeto de su detención”.

Gasoducto del NEA

Tuvo en cuenta que Prado fijó domicilio en la audiencia de imputación por lo que puede entenderse una “inexistencia del peligro procesal de fuga”, con lo que también resulta contrario a las exigencias del proceso penal, que exige que el pedido fiscal de detención sea fundamentado correctamente.

Jorge Enrique Prado está imputado por los delitos de malversación de fondos e incumplimiento de sus deberes como funcionario público luego de que se descubriera su presunta participación en el millonario robo de caños del Gasoducto NEA. Luego, el municipio de Aguaray fue intervenido y Prado quedó destituido de su cargo antes de cumplir el año de mandato. Lo reemplaza el interventor, Adrián Zigarán, mediante un decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz.