Las clínicas, hospitales y sanatorios privados deberán asistir a las personas diagnosticas con COVID-19. Así lo determina una medida cautelas de la Justicia tras un amparo impuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta. La medida deberá cumplirse mientras dure la emergencia sanitaria en la provincia.
Las instituciones privadas deberán abstenerse de derivar automáticamente al sistema sanitario público consultas referidas a sintomatología compatibles con COVID 19 de afiliados de obras sociales. Además, tendrán que priorizar, junto con todos los tratamientos y cirugías médicas esenciales, al tratamiento de los pacientes con esta patología. Así lo determinó el Juez de Garantías de 2, Ignacio Colombo.
Esta decisión fue tomada en el marco de la obligación constitucional que tienen los poderes estatales de "cuidar la salud física, mental y social de las personas y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades", según establece la Constitución Nacional. Por último, se instó a las partes a continuar con el diálogo necesario para tratar de modo mancomunado y atendiendo con la mayor eficiencia posible a los salteños ante la presente crisis.