Investigarán a los abogados de la banda narco del “Rengo” Insaurralde, cuyos integrantes fueron condenados la semana pasada a penas de entre 3 y 18 años de prisión por la Justicia. La Fiscalía cree que los letrados podrían haber colaborado en la comisión de delitos.

La gavilla estaba liderada por Ramón Javier “Rengo” Insaurralde (50), detenido por primera vez con drogas en 2009. Tras cumplir condena por ese caso, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en enero de 2017 junto a otras 20 personas a las que les secuestraron 32 kilos de cocaína, 83 kilos de marihuana, armas y 400 mil pesos.

Según la investigación que se ventiló en un juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario, Insaurralde continuó el negocio ilícito desde la cárcel de Devoto, donde estaba procesado con prisión preventiva, a través de su hijo Fernando y su sobrino Brian. Tras un mes de audiencias, el Tribunal integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y María Ivon Vella condenó al “Rengo” Insaurralde a 18 años de prisión por considerarlo organizador de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, mientras sentenció a 10 años a su hijo Fernando y 9 a su sobrino Brian.

Detención de integrante del clan InsaurraldeMinisterio de Seguridad

También fueron condenados a la pena de 8 años de prisión Arnaldo Vivas, Roxana García Sipe y Gabriel Mancilla; a 7 años Héctor Cañete, Omar Espíndola y Santiago López; y a 6 años Natalia Insaurralde, Ángel Pinto, Grover Eber Becerra Vera, Luciano Antonelli, Rosa de los Milagros Ponce, Patricia Blanco, Carlos Rodríguez y Leiza Carriazo (pareja de Fernando Insaurralde), informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Para el fiscal del juicio, Federico Reynares Solari, quedó acreditado que los imputados se proveían de estupefacientes en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, que luego revendían principalmente en dos puntos de Rosario y bajo la modalidad de “delivery”. La sentencia hizo lugar al decomiso del dinero secuestrado y de distintos vehículos, ya que algunos eran utilizados para cometer los hechos y otros “eran claramente el producto o el provecho del delito”, ya que ninguno de los imputados tenía actividades lícitas coincidentes con sus ingresos.

De las escuchas del caso se desprende que Javier Insaurralde se proveía de los estupefacientes de un hombre de nacionalidad boliviana, Guido Jaldín Blanco, que vivía en Lomas de Zamora y está prófugo desde hace tres años. La sentencia del TOCF3 también hizo lugar al planteo de la Fiscalía, que pidió que se investigue a los abogados defensores del jefe de la organización, Hernán Tasada y Mariano Scaglia, ante la presunción de que su asistencia no era sólo técnica sino que podrían participar de los ilícitos.

Reynares Solari hizo el planteo tras pasar escuchas en el juicio en la que los abogados le sugieren a Insaurralde “que descarte todo” ante un allanamiento y hablan de un posible acuerdo dinerario por 30 mil pesos con un comisario.