Redacción Vía Santa Fe
Un operativo de control a visitas en la cárcel de Coronda permitió el secuestro de cuatro teléfonos celulares que iban a ser ingresados por medio de una fuente metálica con doble fondo. La situación fue detectada gracias a los nuevos dispositivos de escaneo para quienes entran al complejo penitenciario.
“Es una forma de control a la que se deberán acostumbrar las visitas, los trabajadores y los empleados penitenciarios. Se pasa escáneres de bolso, body scanner, arcos metálicos y paletas metálicas”, explicó Gabriel Leegstra, director del Servicio Penitenciario, en diálogo con De 12 a 14.
Este martes, el escaneo de pertenencias permitió identificar que una persona que iba a ingresar como visita llevaba consigo una bandeja metálica con doble fondo, en la que permanecían escondidos cuatro dispositivos celulares debajo de un piso que tenía comida.
El funcionario sostuvo que la puesta en marcha del nuevo sistema fue buena, aunque generó algunas reacciones al principio por las demoras: “Tuvimos una demora ayer en las visitas, que no fue sustancial, pero sí causó reacción en la población de un pabellón. Eso motivó que al retiro de las visitas haya que ordenar los cierres de esa área y una protesta que fue disuadida”, explicó.
¿Es delito ingresar celulares a un penal en Santa Fe?
Si bien las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios de la provincia se encuentran prohibidos tanto por la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, como por una orden interna del gobierno provincial, la llegada de la pandemia en 2020 modificó la aplicación de las normas, al verse prohibidas o restringidas las visitas a los reclusos en razón de la situación epidemiológica.
Actualmente, en el plano estrictamente del Derecho Penal, la conducta de introducción, utilización y tráfico de dispositivos móviles no está tipificada como un delito autónomo en la legislación de fondo.
Cabe recordar que un proyecto de ley ingresado por el legislador Oscar Martínez, propone multas superiores al millón de pesos para los detenidos en cárceles de Santa Fe que porten teléfonos celulares sin autorización y un montó similar para quien sea descubierto introduciendo dispositivos, en un contexto en el que los crímenes comandados desde los penales aumentaron exponencialmente en la provincia.