Piden cambiar una ordenanza para instalar una estación de servicio

El dueño de la estación de servicio que se quiere instalar en la esquina de la intersección de las avenidas Fanti y Suipacha, Omar Merli, entregó la semana pasada una nota al Concejo Municipal de Rafaela, en donde le requiere que se expida para poder concretar la inversión.

El emprendimiento había causado cierto nivel de polémica -que el propio empresario reconoce- hace algunos meses, cuando se denunciaba -en plena campaña electoral- que la rotonda que se encuentra allí se había hecho solo a los efectos de poder beneficiar a este negocio.

Merli es el dueño de YPF Sunchales SRL, que opera en Sunchales desde hace casi 50 años y quiere realizar un proyecto de inversión "que consiste en la construcción de una nueva estación de servicio".

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"A tal fin, adquirimos un terreno en la intersección de las Av. Fanti y Suipacha donde está proyectado el emplazamiento de la obra. La inversión se desarrollará conjuntamente con YPF SA quien proveerá capital y bienes. Por ello, y previo a evacuar dudas mediante consultas y obtener el correspondiente certificado de conformidad de uso de suelo en la Municipalidad de esta ciudad, procedimos primero a adquirir el terreno y luego firmar el contrato asociativo con la petrolera estatal para luego comenzar el correspondiente anteproyecto a fin de que pudiera ser evaluado por las respectivas áreas técnicas", indican en la nota que ingresó al Concejo Municipal.

En tal sentido, aclara Merli que "Si bien todavía no se han ingresado formalmente los planos del anteproyecto de obra, en el área de Urbanismo nos han observado que, si bien el Código Urbano de la ciudad en su parte general habilita claramente el emplazamiento de la estación de servicio en dicho lugar, en la parte especifica de la reglamentación surge una contradicción que podría motivar objeciones a su aprobación para la emisión del necesario permiso de ejecución de obra" y es por ello que le piden al presidente del Concejo Municipal, en representación de todo el Cuerpo Legislativo, que arbitre "los medios necesarios para salvar esta contradicción ya sea mediante la corrección del artículo observado en el Código o bien que mediante una ordenanza manifieste vuestra conformidad con la ejecución de la obra dada la magnitud de la misma y el impacto positivo para la ciudad en términos de servicios, comercio y creación de empleos directos e indirectos durante un plazo de obra que estimamos en 18 meses en un contexto económico que ya de por si se plantea desfavorable pero que no por ello ha modificado nuestro compromiso de invertir en la ciudad a pesar de las dificultades que se suman".

Merli no esquivó a la cuestión de la polémica y aprovechó la carta para "aclarar brevemente la situación de público conocimiento que se originó meses atrás respecto a las especulaciones, rumores y comentarios en que se vinculaba esta obra a supuestos intereses políticos. Quisiera comentarle que somos una empresa Pyme, de familia, no pertenecemos a la ciudad de Rafaela aunque sí, desde hace años estamos vinculados comercialmente con muchas empresas de la localidad que pueden dar fe de nuestra trayectoria y que serán parte de este proyecto. A pesar de ello, se nos ha vinculado y asociado con distintos actores de la política local de una forma para nosotros asombrosa e incomprensible ya que no conocemos ni poseemos vínculos con ninguno de ellos. Consideramos éste el momento oportuno para aclararlo debido a que en menester de la verdad, el progreso y el bienestar que esta inversión aportará a la ciudad, no quisiéramos que ello de alguna manera pudiese perjudicar un proyecto de libre emprendimiento particular ya de por si complejo ante la realidad crítica y cambiante de la economía de nuestro país donde llevar adelante una inversión muchas veces es casi una aventura imposible", concluyó.