A última hora y cuando la jornada parecía terminar con un nuevo fracaso, el oficialismo consiguió sellar acuerdos con un grupo de senadores de la oposición no kirchnerista y se garantizó las firmas para el dictamen de la “ley Bases” y del paquete fiscal. Fue tras una serie de negociaciones contrarreloj en las que intervinieron el flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El debate había pasado a un cuarto intermedio sin fecha prevista y el oficialismo se retiraba del Salón Azul sin el objetivo logrado, pero finalmente consiguió los avales que le faltaban: los de la porteña Guadalupe Tagliaferri, del PRO (quien no responde a la conducción de Luis Juez), el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal; y el santacruceño José Carambia, que consiguió una modificación clave para su provincia.
El dictamen no se terminó de materializar porque algunos de los firmantes ya no estaban en el Palacio, pero comprometieron su apoyo. Francos, quien se puso la ley al hombro, habría dado su garantía de que los cambios del Senado serán avalados en la Cámara de Diputados, lo que llevó tranquilidad.
Martín Lousteau dio la nota al anunciar que presentará un dictamen propio. El titular de la UCR se diferenció de sus correligionarios: advirtió que “los cambios que se han hecho son meramente cosméticos” y que “no hay ningún cambio en profundidad en absolutamente nada de lo que se ha aceptado modificar”. En su propuesta, más ambiciosa, propondrá temas que, según su bloque, “no estaban sobre la mesa”, como una recomposición a jubilados.
No fue el único gesto disonante del porteño: en medio del debate y tras conocerse un nuevo aumento de las dietas de los senadores (que finalmente fue retrotraído), lanzó en redes sociales una propuesta para que los senadores cobren “igual que un director de escuela”, después de haber avalado el último incremento en una sesión escandalosa.
Además de Lousteau, también se desmarcó el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, quien no firmó ningún dictamen. Los restantes senadores radicales sí acompañaron el despacho oficialista, aunque lo hicieron en disidencia parcial porque algunos cambios no fueron aceptados. También se comportaron de esa manera la neuquina Lucila Crexell, aliada del gobernador Rolando Figueroa, y la rionegrina Mónica Silva, representante de Alberto Weretilneck.
El santacruceño Carambia, un senador que llegó a su banca a través de un acuerdo con el gobernador Claudio Vidal y que se quejaba por la falta de respuestas del Gobierno a sus planteos, había anunciado que, al igual que Lousteau, presentaría un dictamen propio, lo que encendió luces de alarma en La Libertad Avanza.
Carambia exigía que se autorice a las provincias a cobrar más regalías por las inversiones mineras. Con la ley actual, que data de 1.993, pueden percibir hasta el 3%. El legislador pedía elevarlo al 15% y el Gobierno ofreció llevarlo al 5%: hubo acuerdo por esta última cifra y quedó plasmado en el papel. Carambia, entonces, cambió su dictamen alternativo por una firma en disidencia.
Unión por la Patria, que rechaza de plano tanto la “ley bases” como las medidas fiscales, no presentó aún ningún dictamen, a la espera de que el oficialismo juntara las firmas. Oscar Parrilli sostuvo que las modificaciones son “meros maquillajes a la media sanción de Diputados y no cambian para nada el objetivo de fondo ni las consecuencias que tendrá en la economía argentina si se llega a aprobar”.
Cambios
El Gobierno aceptó elevar un 22% el piso del impuesto a las Ganancias para la Patagonia, en concepto de zona desfavorable. De esta manera, trabajadores y jubilados de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz pasarían a tributar a partir de $2,2 millones (en el caso de solteros), y de $2,6 millones (casados con hijos). Para el resto del país, el mínimo no imponible sería de $1,8 y $2,2 millones, respectivamente.
La modificación no garantiza, sin embargo, votos a favor de los senadores de esa región. No solo consideran insuficiente el adicional, sino que rechazan de plano la restitución del tributo. Además, no tienen garantías de que el cambio prospere en la Cámara de Diputados, donde se había aprobado el pago del impuesto para todo el país por igual.
Otro cambio introducido en Ganancias a pedido de la UCR es que se podrá deducir el 100% de los intereses de créditos hipotecarios.
En el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se clarificó la redacción con el objetivo de no avasallar autonomías provinciales, y se hicieron agregados vinculados a la defensa de la producción local, la industria nacional y el trabajo argentino. No se aceptó una propuesta del radicalismo para que un porcentaje de las ganancias se invierta en proyectos estratégicos para las provincias.
Por otra parte, no podrán acceder al blanqueo de capitales los funcionarios públicos de diez años a la actualidad (el proyecto original establecía cinco años), ni sus parientes. Además, quienes adhieran al régimen no podrán acogerse a futuros blanqueos hasta el 31 de diciembre de 2038.
Por otra parte, el oficialismo no concedió cambios en las privatizaciones y es un capítulo que está en la cuerda floja, por el rechazo de un grupo de senadores dialoguistas a pasar a manos privadas Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino, dos empresas clave para la conectividad de las provincias.
“El oficialismo entiende que son empresas que son deficitarias. La idea es seguir adelante. Estoy convencido de que la apertura de los cielos nos va a dar conectividad plena”, argumentó Bartolomé Abdala, presidente de Legislación General, y precisó que Aerolíneas “está perdiendo casi 400 millones de dólares”, algo que fue negado por el senador Mariano Recalde, expresidente de la compañía.
Asimismo, se amplió considerablemente la nómina de organismos que no podrán ser suprimidos por el presidente. Algunos de los agregados son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Administración de Parques Nacionales; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).
También se incorporaron numerosas instituciones de ciencia y tecnología que tampoco podrán ser disueltas. Sí podrán ser transformadas, pero no desfinanciadas. Quedaron afuera de las excepciones los organismos de la cultura, que de esa manera quedan a tiro de ser eliminados, menos el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).
En la reforma laboral, se sumó un agregado que reclamaba el radicalismo y que no había prosperado en Diputados, para que los bloqueos de industrias y comercios sean considerados como causal de despido. En cambio, no se aceptó otra propuesta para que los aportes a sindicatos deban tener consentimiento previo.
