El conflicto de la familia Etchevehere continúa sumando capítulos, ayer se conoció la novedad de que el fiscal federal Federico Delgado, a cargo de la investigación en la causa por extorsión y violencia económica ejercida contra Dolores Etchevehere, emitió un dictamen en el que pide la declaración indagatoria de Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, hermanos y madre de Dolores.

En el documento legal, se explica que “Desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, existe el grado de sospecha que exige el artículo 294 del CPPN para requerir explicaciones a Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial porque la situación de asfixia económica a la que es sometida Dolores infringe las previsiones contenidas en el artículo 168 del Código Penal, en función de la ley 26485 de protección integral de la mujer”.

En pocas palabras, es sometida a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”, agrega el letrado en su escrito.

Desde Proyecto Artigas, el movimiento liderado por Dolores y Juan Grabois, señalaron que “el acuerdo privado de división de bienes al que hace referencia Delgado fue uno de los argumentos utilizados públicamente por la familia Etchevehere contra su hermana Dolores, y también los argumentos utilizados por la jueza Castagno para ordenar el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas de la estancia Casa Nueva, el 29 de octubre de 2020″.

Violencia de género

A través del dictamen, Delgado ratifica el encuadre jurídico del caso en una situación de violencia económica “tal como la define la ley 26.485 de protección integral a las mujeres y cita los argumentos desarrollados por las profesionales de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), ambos organismos intervinientes en la causa por pedido del propio fiscal”, explicaron desde Proyecto Artigas.

Según Delgado, el fracaso de Dolores a la hora de reclamar protección institucional radica en que algunas oficinas del Estado “por un lado acoge formalmente las peticiones de la denunciante, paralelamente despliega mecanismos de persuasión para disuadirla de sus propias peticiones y se traducen en una asfixia económica capaz de cercenar la chance de auto determinarse de Dolores Etchehevere”. Ese movimiento doble “impactaba en la capacidad de Dolores Etchehevere tomar decisiones por sí misma y le impedía/de vivir sin pedir permiso, como lo garantiza nuestra constitución”, señalaron.