El departamento mendocino es parte de la lista que el Gobierno nacional envió al Congreso.


El Poder Ejecutivo remitió hoy al Congreso un proyecto de ley que busca declarar “capitales alternas” a 24 ciudades por los próximos cuatro años y Guaymallén, el departamento más poblado de Mendoza, es uno de ellos. Con esta iniciativa buscan agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales.

El proyecto del presidente, Alberto Fernández, ingresó en horas de la mañana de este miércoles a la Cámara de Diputados y propone la creación del Programa Gabinete Federal el que está “destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción”.

La iniciativa está inspirada en otro proyecto impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como “capital alterna”, la primera en gozar de ese título, aunque a nivel provincial.

Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), Pico (La Pampa) y las capitales de Formosa y San Luis, entre otros.

Las demás jurisdicciones que figuran en el proyecto son Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán)

La propuesta de campaña 

Alberto Fernández cuando era candidato a Presidente había propuesto “crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar ‘in situ’ los problemas”.

El proyecto establece que sea el Ministerio del Interior la cartera a cargo de “coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones” y fija que los encuentros sean “convocados con una periodicidad no mayor a 30 días“.

En tanto, el artículo 5º agrega que “los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación”.




Comentarios