Eduardo Sánchez
A partir de una denuncia presentada por el abogado Héctor Hugo Huespe, la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó información al Gobierno jujeño sobre los hechos ocurridos en el barrio Campo Verde de esta capital en la madrugada del 8 de marzo.
Ese día a primera hora de la mañana un grupo de personas intentó impedir el inicio de obras para la construcción de un edificio escolar en un terreno que venía siendo usado como cancha de fútbol por el vecindario, por lo que el Ministerio de seguridad dispuso un “despliegue policial de contención y prevención de disturbios”.
La escaramuza dejó como saldo varios detenidos y personal policial con heridas y contusiones.
El pedido de información fue formulado mediante una nota fechada el pasado 11 de marzo, firmada por Mariano Przybylski, titular de la dependencia nacional, y direccionado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy, a cargo de María Infante.
“La consulta se origina en la denuncia recibida ante esta Dirección Nacional por parte de Héctor Hugo Huespe, abogado de la matrícula del foro jujeño, así como también por filmaciones y publicaciones periodísticas en medios locales sobre un operativo policial que se habría desarrollado sin orden judicial, con personal policial no identificado, en horas de la madrugada, y durante el cual se habría detenido personas de forma arbitraria”, indicó Przybylski en el escrito.
En paralelo, diputados provinciales del frente Cambia Jujuy-Unión Cívica Radical hicieron público su “apoyo al operativo de seguridad desplegado en Campo Verde”, dijeron que las denuncias de “abusos de autoridad y represión” son “falsas acusaciones” y acusaron a “sectores del Frente de Todos” de “incentivar actos violentos y luego victimizarse”.
“En todo momento se dio garantías a los vecinos de Campo Verde de que un grupo minúsculo de violentos no iba a impedir que se inicie la obra de construcción de un edificio escolar”, dicen los legisladores oficialistas, que a la vez calificaron de “falaces las acusaciones del kirchnerismo local” acerca de “posibles tareas de inteligencia” enfocadas en ciudadanos, señalando que “lo que se acostumbra es hacer tareas de prevención”.
La nota remitida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requiere se informe al organismo “las circunstancias en las cuales se enmarcaron las actuaciones policiales en el barrio Campo Verde. En su caso, la existencia de causa judicial y las medidas ordenadas al efecto”.
¿Bajo instrucciones de Milagro Sala?
Por su lado, en su comunicado los miembros de la bancada del frente Cambia Jujuy pidieron a los “dirigentes del Frente de Todos que dejen de incentivar la violencia”, en razón de que “es una práctica política que atenta contra la convivencia y la paz social que tanto costó a los jujeños construir en estos años”, concluye el texto.
Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado lunes 8 cuando un camión con materiales de construcción intentó ingresar al predio, custodiado por personal policial de los cuerpos de Infantería y de Caballería, encontrándose con la resistencia del grupo de vecinos autoconvocados, que, según afirmó el gobernador Gerardo Morales, responderían a la dirigente social Milagro Sala, a quien señaló “como responsable de esto” y de haber enviado “a sus diputados y a su abogado” a movilizar a los vecinos.
Ese mismo día, poco más tarde el mandatario encabezó un acto en el lugar para ratificar la construcción del edificio para el Colegio Secundario n° 39, marco en el que sostuvo que “necesitamos escuelas públicas para las familias pobres, esta es la medida que venimos a tomar acá”.
“No podía creer que la consigna sea ‘cancha sí, escuela no’”, dijo también en esa oportunidad al reprochar los incidentes de la madrugada.