La maniobra significa una erogación de 335 millones de pesos y se articulaba a partir de licencias irregulares


Más de 500 efectivos policiales jujeños contaban con licencias médicas irregulares y cobraban sus salarios sin prestar servicio, habiendo casos de efectivos que acumulan diez años de antigüedad, de los cuales nueve los han pasado con licencia médica.

El número exacto de efectivos investigados alcanza a 532, ostentan distintas jerarquías y la magnitud de la erogación para el Estado provincial alcanza la cifra de 334.992.000 pesos.

La situación fue detectada en el marco de un proceso de supervisión del personal policial realizado por el Ministerio de Seguridad, que puso en evidencia, entre otras irregularidades, casos de personal que gozaba de licencias indefinidas por enfermedades, de hasta diez años.

Esos policías “seguían cobrando, pero sin trabajar”, puntualiza un informe oficial distribuido a los medios, que también advierte sobre “las consecuencias por los trámites por retiros que duraban tiempos interminables”.

Los datos que permitieron detectar las irregularidades comenzaron a ser registrados en el año 2015 por la Dirección Provincial de Personal, el Instituto de Seguros de Jujuy, Fiscalía de Estado de la Provincia y la Policía de Jujuy.

Mientras “la licencia máxima es de dos años para la figura de licencia médica”, muchos de los efectivos “la obtenían por razones ajenas a la actividad, como por ejemplo tratamientos psicológicos”.

También consigna el texto oficial que buena parte de los casos detectados son policías que se encontraban tramitando el “retiro por incapacidad”, lo cual “implicaba que seguían cobrando su sueldo normal”.

“Hay policías con diez años de antigüedad pero con nueve años que pasaron en licencia”, revelaron las autoridades.

Ante esto, la cartera de Seguridad dispuso que todos aquellos casos pasen a ser catalogados como “retiros por exceso del plazo máximo de licencia”, según se informó.

En cambio, la comunicación no hace referencia a eventuales medidas disciplinarias o la judicialización en torno a las irregularidades detectadas.






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