Leonardo Fernández Acosta
En el mes de mayo, el suboficial de la policía de la provincia de Formosa, Víctor Mallorquín, viajo a Resistencia en la provincia del Chaco para realizarse un tratamiento de radioterapia al estar atravesando una enfermedad oncológica.
A los 25 días finalizó el tratamiento y aunque tenía todos los requisitos para volver desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia no lo dejaron ingresar a la provincia. Mallorquín inició un calvario de trámites por medio de su esposa en la ciudad de Formosa pero todo era infructuoso.
Su esposa, Itatí Decoud, en junio ya había reunido todos los papeles solicitados, entre ellos el PCR negativo y la recomendación urgente de su medico tratante en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa para que viajara urgente a la provincia para continuar con la quimioterapia. Claro, faltaba la autorización del Ministro de Gobierno, Jorge González.
Esta autorización de quien encabeza el Consejo de Atención a la Emergencia nunca llegó y Víctor empezó a caer en una profunda depresión que lo llevó a dejar de comer. Internado y solo, en el Hospital Perrando de Resistencia, ya contaba con toda la logística de la mutual policial para realizar una capsula sanitaria en el límite con el Chaco y traerlo a Formosa.
El 3 de julio, el suboficial de la policía de la provincia, Víctor Mallorquín, falleció y 20 días después la familia recibió sus cenizas.
Pero ese no fue el último sufrimiento al que fue sometida su familia, entre ellos su esposa y sus pequeños hijos. El día viernes la esposa recibió en su celular, la autorización del Consejo de Atención a la Emergencia COVID 19 para ingresar a la provincia, a cinco meses de su fallecimiento.
Formosa fue obligada por la Corte Suprema a repatriar a 8321 formoseños pero no se pronunció respecto de la falta de transparencia del ingreso ordenado y administrado ni tampoco sobre los tratos que sufren aquellos que son hacinados en centros de aislamientos que no están en condiciones.
Al día de hoy la autorización de una persona fallecida para el ingreso a la provincia habla a las claras de la ineficiencia del sistema como también continúa despertando sospechas sobre su claridad.