La Universidad Nacional de Formosa, como todas las universidades nacionales de la Argentina, tiene autonomía por fuera de las instituciones de la provincia y esto significa que se gobierna a si misma a través de sus cuerpos colegiados. Cuerpos que a su vez se eligen con reglamentos electorales que ellos mismos definen a través de asambleas.

Es así que, de acuerdo a los claustros, docentes, no docentes y estudiantiles, se definen, elecciones de por medio y a voto directo los distintos niveles decisorios que gobernarán, como así también los decanos y el rector, los destinos de esa casa de altos estudios.

De hecho, así se ha hecho desde la normalización de la UNaF, hasta ahora. Desde hace un tiempo, desde una oposición interna que motorizaría el mismo gobierno de la provincia, se han generado todo tipo de intrigas para someter a los cuerpos colegiados al designio del poder provincial.

La conspiración ataca directamente la autonomía de la universidad, pretendiendo llevarse por delante a la comunidad política organizada dentro de ella. Destruir la deliberación científica y filosófica, el trabajo pedagógico, en definitiva, tratar de dañar el desempeño académico en pos de la apropiación montándose al discurso del daño al nivel de profesionales que se reciben todos los años.

No es casual que se plantee una absurda competencia en el discurso de funcionarios respecto del mejor nivel en la enseñanza de universidades privadas en la ciudad de Formosa, paradójicamente, muchos de esos funcionarios tienen horas cátedras en esas universidades, pero hablan maravillas de la educación pública ¿Cómo se entiende?

Atacar el desempeño académico y al mismo tiempo, generar acciones desde dentro de la misma universidad es otra de las estrategias que sufren sobre todo los estudiantes, cuando por ejemplo la decana de la FAEyN consigna mal los datos de aquellos que finalizaron las carreras de economía y esto es reputado por la CONEAU como un error a corregir para aprobar el cursado y la validez de los títulos.

O la negativa desde el gobierno provincial de permitirles a aquellos que cursan la carrera de la licenciatura en enfermería, hacer las prácticas en los hospitales públicos de la provincia, cuando años atrás lo permitían sin ninguna objeción, dañando severamente la currícula de la carrera provocando una nueva observación, también de la CONEAU.

O el ataque de gremios hegemónicos a Insfrán cuando piden la intervención de la extensión de la universidad en la localidad de Laguna Blanca, mismos gremios que durante años avalaron el funcionamiento de dicha unidad de profunda orientación productiva y turística.

La UNaF, a través de sus claustros, ha planteado la modificación del régimen electoral que fue rechazado por la Justicia Federal de Formosa. Luego apelado, aún no tiene definición de la Cámara Federal de Apelaciones en Resistencia que como mucho podría dejar sin efecto la modificación y exigir que los actos comiciales se lleven a cabo con el anterior régimen. Pero no hay pronunciamiento a poco tiempo del vencimiento de los cargos en los distintos claustros.

De no mediar una resolución vencerán los mandatos de las actuales autoridades, creando la posibilidad de una potencial intervención por la acefalía provocada, lo cual les caerá como anillo al dedo a aquellos que no paran de conspirar para apropiarse de la autonomía universitaria.

Pero sin tener que hurgar demasiado, cabe preguntarse ¿En que institución ha ocurrido lo mismo? Hace unos años, una estrategia similar provocó que se prorrogaran de manera indefinida las elecciones del Colegio Público de Abogados y que además por sobre todas las cosas, se prorrogaron los mandatos de la Comisión Directiva que continúa hasta hoy.

El oficialismo evitó ir a elecciones, dejo autoridades de facto en la Comisión Directiva y desde la legislatura avalaron con una ley la irregularidad de prorrogar indefinidamente (no hay elecciones al día de hoy a pesar del vencimiento de la prórroga) a toda la Comisión Directiva sin tener que ir a elecciones.

Quien llevó adelante en ese entonces el audaz emprendimiento antidemocrático, fue el entonces diputado provincial, Wilson Eber Solís. El fue el legislador que presentó la literal apropiación del Colegio Público de Abogados que dura hasta la actualidad.

No es una casualidad que las estrategias utilizadas en la universidad para destruir la autonomía sean muy similares porque el encomendado por el gobierno de la provincia, sería el mismo, esta vez ejerciendo la vice gobernación de la provincia.

Los objetivos, son también muy parecidos, arrancan con el descrédito de la universidad pública, crean razones de acefalía por la curiosa demora de la justicia federal para fallar, piden a través de gremios que nunca alzaron la voz para abiertamente pedir intervención en una extensión. El resultado sería convertir a la UNaF en un ente digitado del gobierno provincial para administrar los fondos millonarios de la institución a gusto y placer del gobernador.

Hoy y a pesar de la voracidad de apropiarse de todo para colocar funcionarios del entorno más duro del gildismo, el principio constitucional de la autonomía no permite subordinar el gobierno a voluntades externas a la institución, ni siquiera la propia universidad puede hacerlo, no puede renunciar a la autonomía que la Constitución le imprime desde 1994.

Por eso la autonomía de la universidad debe ser protegida desde todos los estamentos, forma parte de su propia identidad y aún a pesar del esfuerzo por destruirla de los sectores afines al gobierno, la autonomía es condición esencial en la UNaF, no un obstáculo.

Finalmente, quienes pretenden tener poder de decisión dentro de sus claustros deben hacerlo de manera democrática y con las reglas que ellos mismos aceptaron durante años, no incurrir en la ilegitimidad de apoderarse de facto, de uno de los pocos espacios que todavía no ha sido fagocitado por el poder.