La falta de condiciones adecuadas para el tránsito peatonal en la ciudad de Córdoba no es una novedad, sino una problemática crónica que pone en peligro a miles de habitantes diariamente. La situación se vuelve crítica para personas con movilidad restringida, ancianos, o aquellos que requieren silla de ruedas para su traslado.
El último sondeo que realizó la fundación Relevando Peligros es de hace más de una década, pero su vicepresidente, Germán Vicentini, sostuvo que los resultados no cambiaron para mejor. El estudio demostró que el 69 por ciento de las manzanas de la Capital no tiene ninguna de las rampas que deberían existir. De las escasas pendientes para acceder al pavimento, únicamente el 13 por ciento está en condiciones óptimas, y un 50 por ciento de ellas presenta superficies resbaladizas.
Las falencias en la infraestructura básica se suman a otros obstáculos constantes, como las baldosas rotas, los desniveles abruptos, las cazuelas de árboles de gran profundidad, la cartelería que irrumpe la línea de edificación, y los accesos a cocheras que no cumplen con la normativa vigente. Todos estos elementos forman un circuito sumamente riesgoso para el desplazamiento.
En primera persona: la lucha de las personas en silla de ruedas
Cansados de vivir a los tropiezos cotidianos, un grupo de jóvenes en silla de ruedas decidió actuar ante la inacción gubernamental. En la intersección de 9 de Julio y Rodríguez Peña, frente al Colegio Carbó, miembros de Derechos sobre Ruedas emprendieron la tarea de reparar por cuenta propia un segmento completamente intransitable. La organización es sin fines de lucro y está dedicada a defender los derechos de las personas con movilidad reducida.
La acción surgió por la necesidad fundamental de poder transitar en el sector sin sufrir heridas. Marcos Rodríguez, integrante de la fundación, relató que muchas veces se vieron obligados a avanzar “por la calle en contramano”, exponiéndose al riesgo de un choque. Asimismo, el resto de los compañeros mencionó que presentaron notas formales y peticiones para que se arregle esa vereda, pero nunca consiguieron una respuesta de las autoridades competentes. En este aspecto, vecinos del área comentaron que el deterioro de esa calzada se mantenía desde hacía 15 o 20 años.
El grupo de jóvenes compró cemento y arena para tapar al menos ocho baches profundos en el sector de Plaza Colón. Contaron que cargaron los materiales en sus faldas y en los reposapiés de sus equipos para llegar al sitio. Carlos Figueroa, otro de los miembros, comentó la cruda realidad del día a día: “Acá sentimos los baches de verdad. Si no los tapamos nosotros, nos caemos con la silla”. De hecho, un compañero recientemente sufrió una caída en esa misma acera, terminando con lesiones y daños en su equipo de movilidad.
Este trabajo a pulmón busca resaltar más que solo la urgencia de reparar un bache. Carlos contó que repararon las veredas no solo para transitar, sino también para demostrar su valía, y que pueden desempeñar labores como cualquier otra persona. Remarcó que ninguno posee un empleo formal y que subsisten con changas: algunos hacen carpintería y otros, mecánica. Marcos enfatizó que, a pesar de usar sillas, la eficacia y el resultado de su labor son los mismos que los de una persona que está parada. Demostraron que no hay barreras infranqueables si existe voluntad.
“No es que queramos hacer el trabajo del municipio, pero si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace y seguimos arriesgando la vida todos los días”, señaló Carlos. Estas falencias se extienden más allá de la zona céntrica. Varios de los integrantes de la organización viven en barrios donde no existen las veredas ni el asfalto, aspectos que dificultan su cotidianeidad. Explicaron que cuando llueve, deben recurrir a la ayuda de otras personas y luego lavar las ruedas de las sillas para no ensuciarse.
Por su parte, Marcos explicó que las ruedas de su silla son muy caras y difíciles de conseguir en Argentina, lo que convierte cualquier rotura en un gran problema. La ausencia de caminos seguros implica que la gente se expone al peligro y al encarecimiento de su movilidad, impidiendo la autonomía. “El problema es que si no tenemos sillas en condiciones, no vamos a salir, no vamos a salir a trabajar, no vamos a ir al médico”, reflexionó.
Desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), un equipo del Observatorio Urbano Córdoba (OUC) construyó un índice para determinar la calidad del tránsito seguro, denominado “caminabilidad”. El análisis del OUC ratificó que en el centro de la ciudad no hay veredas en perfectas condiciones para la circulación.
El índice de caminabilidad se construye a partir de cuatro dimensiones cruciales: calidad ambiental, seguridad vial-peatonal, conectividad y actividad comercial, e infraestructura urbana. Se refiere a la capacidad de las vías de circulación para asegurar un movimiento seguro y agradable, sin importar la restricción física, edad, o condición de la persona. Vicentini, de Relevando Peligros, ratificó que un camino seguro debería garantizar un corredor libre de estorbos de 1,20 metros de anchura y 2,10 metros de altura, algo que tampoco se respeta.
Veredas sin inclusión: ¿De quién es la responsabilidad?
La Ordenanza N° 8116, denominada “Higiene Obligatoria en Inmuebles y Construcciones”, de la administración municipal delega la responsabilidad inicial del mantenimiento de la vereda al frentista o propietario del predio. Esta reglamentación exige que la acera “estará en perfectas condiciones de transitabilidad” y, si está deteriorada, se hará exigible su “inmediata reparación”.
Sin embargo, el municipio no se exime de su rol de vigilancia. Un caso de esto es la Sentencia 223 de la Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial que reconoció que, a pesar de la delegación al frentista, la Municipalidad conserva una “guarda jurídica” sobre las aceras. Las veredas son parte del dominio público municipal, de acuerdo con el artículo 2340, inciso 7º del Código Civil.
En consecuencia, si el mal estado de la vía pública constituye un “riesgo” que causa un accidente, el municipio puede ser civilmente responsable si omite su deber de supervisión e intervención. La omisión del “deber de policía” obliga al Estado a tener un sistema activo de control y no meramente pasivo.
Respecto a las rampas el Código de Edificación de la ciudad establece las características técnicas obligatorias. Las rampas para personas con discapacidad deben ejecutarse en las esquinas, con un ancho mínimo de 0,90 metros y una pendiente máxima de 12 por ciento, además de contar con solado antideslizante.
Aunque la Municipalidad anunció la construcción de más de 800 rampas desde 2022 y licitó nuevas obras por casi 150 millones de pesos, desde Derechos sobre Ruedas insistieron en que gran parte de estas nuevas estructuras presentan deficiencias en diseño, inclinación, y materiales, algo que incumple con el Decreto 463/96, Art. 2.2.3.1.10.
La accesibilidad completa es un derecho fundamental que exige soluciones estructurales, no solo acciones simbólicas o temporales. El ejemplo de los jóvenes que repararon sus propios caminos subraya que la inclusión necesita de una acción inmediata para asegurar el tránsito seguro por la ciudad. Mientras la sociedad avanza, la infraestructura urbana de la capital cordobesa los fuerza a competir en una carrera injusta por la supervivencia y la dignidad.
