Por Juan Manuel González.
En la última sentencia que condenó a una banda narco de barrio Ciudad de Mis Sueños, en el sur de Córdoba, la palabra "temor" aparece escrita 11 veces, vinculada siempre a la sensación recurrente entre la mayoría de los vecinos del barrio social donde una de las organizaciones que distribuye cocaína en la ciudad de Córdoba se consolidó, arrastrando en su expansión y caída a por lo menos 44 vecinos, muchos de ellos sin antecedentes penales pero también sin trabajo ni oportunidades. Fue una estrategia de presión de abajo hacia arriba desplegada por el Ministerio Público Fiscal, y ejecutada por la Fuerza Policial Antinarco (FPA).
La sentencia citada fue dictada el 26 de julio de este año por la Cámara 11 del Crimen contra cinco miembros de una estructura narco de Ciudad de Mis Sueños, y permite dimensionar cómo operan los engranajes del narcomenudeo.
A María N.M., 68 años, naranjita y madre soltera de cinco hijos, esa maquinaria la arrastró a la cárcel por primera vez en su vida, acusada de ser parte de la red narco de Fernando "Nano" Mirabal y Alicia Correa, un matrimonio del barrio que aparece en el organigrama a través del cual los investigadores siguen los pasos del presunto líder: El Tuerto Cacho.
Cuando la FPA irrumpió en la sencilla casa de María durante una siesta de mayo de 2016, le hallaron 76.470 pesos. No había droga, no funcionaba un "quiosco". La acusaron de ser el banco de los Mirabal-Correa, la célula encargada de guardar dinero a cambio de una comisión. Finalmente, el beneficio de la duda le jugó a su favor y fue absuelta.
A los 28 años, Gisella R., mamá de tres hijos, separada y vendedora casual de empanadas, fue prontuariada por primera vez en su vida por integrar la organización de Mirabal-Correa. En la casa de la joven, "el Nano" guardaba la droga, lejos de su propia vivienda, del dinero y de sus "perros".
Cuando la casa de Gisella fue allanada se encontraron 342 envoltorios de cocaína. "Lo hice porque pensé que era lo mejor para mis hijos. Me iban a dar una propina por tener la droga", declaró en el juicio, arrepentida. La Cámara lo valoró y le aplicó una pena de ejecución condicional, una nueva oportunidad.
Los testigos que declararon contra "Nano" Mirabal y su esposa, Alicia Correa, dijeron que ambos recurrieron a dos "perros" para que vendiesen la droga en la esquina de la casa de la pareja. Los "perros" son Luis F. y Sebastián P., ambos sin antecedentes penales hasta que fueron detenidos en esta causa narco.
"Yo sí vendí droga, pero lo hice por una necesidad muy grande, mis hijos estaban pasando hambre, y me equivoqué", declaró Sebastián P. (39 años, cuatro hijos, desempleado) en el juicio. Luis F. (42 años, tres hijos, albañil) también agachó la cabeza y confesó que vendió droga por cuenta y orden del matrimonio "porque estaba sin trabajo".
Según el Censo 2010, 40 por ciento de la población mayor de 15 años está inactiva en Ciudad de Mis Sueños. Al desagregar el dato, impacta mucho más entre las mujeres: 53 por ciento no trabaja o estudia, mientras que en el caso de los varones la inactividad alcanza al 34 por ciento. Una bomba de tiempo.
Respecto de la deserción escolar, el Censo 2010 advierte su impacto: la población adolescente del barrio al momento del censo era de 258 chicos, entre 15 y 19 años, de los cuales 105, es decir el 40 por ciento, respondió que había abandonado la escuela.
De acuerdo con la sentencia, el matrimonio Mirabal y Correa (quienes habían sido condenados en 2015 por narcomenudeo) son los narcos detrás del escritorio, por lo que pese a que no se les encontró droga ni dinero injustificable en su casa, recibieron penas de siete años y cinco años y 10 meses, respectivamente, como líderes de la organización que actuaba en células.
El fiscal Sebastián Romero confirmó a Día a Día que "la metodología desplegada en Ciudad de Mis Sueños y muchos otros barrios incluye que varias personas participen del negocio sin que los máximos responsables tengan contacto con la droga".
Mientras que el fiscal Marcelo Sicardi advierte que la situación de vulnerabilidad social hace “más factible” la captación de adictos de sectores vulnerables como “teros” (vigilantes) o “perros” (lacayo) en estructuras de narcomenudeo.
Durante la investigación por este caso y en el juicio no se logró determinar quién era el proveedor de la cocaína, una pregunta que por una cuestión de jurisdicción debería responder la Justicia Federal.