Por Laura Giubergia.
Si algo perdió Débora Luna, además de la casa en la que vivía junto a su familia al lado de la Química Raponi, es la esperanza. Ya ni recuerda cuántas veces escuchó la promesa de que pronto podrían volver al lugar en el que se construye –todavía- la vivienda que fue demolida el 14 de noviembre de 2014, ocho días después de la explosión.
“Tengo unas ganas inmensas de volver, pero tengo bronca. ¿Sabés hace cuánto me vienen diciendo que en tantos días vamos a estar adentro de casa?”, asegura la joven, nieta de don Ramón Perdiguero quien falleció en enero pasado, sin haber podido volver.
Adrián Casati, subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba, dijo a Día a Día que a los inmuebles de los hermanos Perdiguero, los más afectados y primeros en ser demolidos, les faltan los últimos detalles.
“Las obras están en un 80 por ciento, y estamos trabajando para poder entregarlas en un mes aproximadamente, nos quedan detalles”, apuntó el funcionario.
Este jueves, tras la nota de este diario anunciando el retorno de Mariela Puddini a su casa, Casati contó que harán una recorrida por la zona junto a funcionarios del Gobierno provincial para analizar el estado de las obras.
La explosión de la Química de Sergio Raponi provocó la muerte de una mujer, Angélica Cueto, gravísimas heridas a Pablo Amaya, y cientos de daños en viviendas de varias cuadras a la redonda. Con los Perdiguero, son 10 las familias que a dos años y ocho meses esperan una solución habitacional por los daños que provocó el estallido.
A juicio. La causa judicial fue elevada a juicio en abril del año pasado, con Sergio Hilton Raponi como único responsable de la deflagración, imputado por el delito de estrago doloso agravado por resultado mortal.
“Hay otros cuatro casos más próximos a resolver, en los que la Provincia va aponer los materiales y la Municipalidad se hará cargo de la mano de obra. Vamos a avanzar fuertemente en este trabajo mancomunado con el Ministerio de Desarrollo Social”, destacó Casati.
Alquileres. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, explicaron que desde la explosión asumieron el pago de 24 alquileres para familias que no podían retornar a las viviendas que habían resultado dañadas, y que a la fecha –con el regreso de Puddini- quedarían 10.
El acuerdo era que Provincia proveía los materiales y asumía el pago de los alquileres, mientras que la Municipalidad debía hacerse cargo de la ejecución de las obras. En los más de dos años y medio que pasaron desde la explosión, las obras estuvieron paralizadas alrededor de cinco veces por falta de pago a las contratistas, y se han realizado con poco personal.
Mirá un video previo a la demolición.
