La justicia federal de Córdoba se declaró este lunes incompetente en la causa donde están imputados el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, la ex ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el ex viceministro de Seguridad Sergio Berni, todos del kirchnerismo, por supuestamente no asistir a la provincia durante el motín policial de diciembre de 2013, ya que, dijo, prestaban funciones en la ciudad de Buenos Aires.
La imputación que les atribuyó la fiscal cordobesa Graciela López de Filoñuk, el pasado 15 de mayo, es por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El juzgado federal 3 de Córdoba argumentó que "el ilícito en cuestión deberá ser investigado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que allí es donde las personas denunciadas prestaban sus funciones, en representación del Estado Nacional, y donde se habría consumado el posible delito".
"En adición a lo hasta aquí expuesto, en el presente caso se observa que todos los teléfonos denunciados, y respecto de los cuales la Sra. Fiscal solicita se libre oficio a las empresas que correspondan (...), pertenecen a Buenos Aires (característica 011). Asimismo las testimoniales obrantes en autos hacen referencia a supuestas comunicaciones infructuosas realizadas a Buenos Aires", continúa la resolución del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Los ex funcionarios ejercían sus cargos durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando se desarrolló el acuartelamiento de los efectivos policiales, el 3 y 4 de diciembre de 2013, que derivó en hechos de violencia, saqueos y disturbios en la provincia que era gobernada entonces por José Manuel De la Sota, quien estaba de viaje.
La acusación está basada en que los entonces funcionarios nacionales no respondieron a la solicitud de ayuda que había hecho la provincia durante la protesta de los policías, que reclamaban un aumento salarial, entre otras cuestiones.
Por ese motín la justicia provincial condenó a varios policías, aunque la causa avanzó en el plano federal, y en ese juicio quedó evidenciado que los llamados a Berni, Rodríguez y Capitanich para pedir el envío de fuerzas de seguridad nacionales fueron insistentes.
El año pasado, la Cámara 12ª del Crimen cordobesa determinó en el fallo condenas de entre un año y seis meses contra 52 efectivos, la mayoría de ellas por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y otras por "desobediencia", aunque ninguna de las setencias determinó la prisión efectiva.