Rita Márquez
El ex presidente Mauricio Macri afirmó que el pedido de quiebra del Correo Argentino llevado adelante por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, forma parte de un “plan de venganza” del Gobierno contra su familia.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Macri reclamó que la jueza en lo Civil y Comercial Marta Cirulli, quien lleva adelante la causa contra la empresa que controla el grupo Socma de la familia Macri, rechace ese pedido.
Frente al atropello al margen de la ley del PTN Zannini, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%. Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza. https://t.co/fLhiA0TSsx
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 9, 2021
“Frente al atropello al margen de la ley del PTN Zannini, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%. Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza”, escribió Macri.
Pese que el grupo Socma presentó una conformidad del 85% de sus acreedores respecto a la propuesta de pago realizada, la Procuración del Tesoro a cargo de Zannini rechazó la oferta presentada en el marco del proceso de “salvataje”, y solicitó así su quiebra.
La opinión del procurador del Tesoro se presentó en el marco del cramdown o proceso de salvataje ordenado por la jueza Cirulli. Esta instancia se inicia cuando la concursada no llega a un acuerdo con sus acreedores, entonces se da la posibilidad a los mismos y a terceros interesados de realizar una oferta para mantenerla operativa.
Macri sostiene que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner-, responde a una “persecución política” con el único fin de avanzar sobre él, sus hijos y hacer extensiva la quiebra a Socma.
Del otro lado, la Justicia sostiene otros argumentos: cuando Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%.
La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Dijo que la deuda era de 70.000 millones de pesos.
En los últimos escritos presentados, la compañía rechazó tal cifra y en base a un informe de la Sindicatura que respondió a la consulta de los acreedores Transporte Chimiray S.R.L. y Carlos Mariano Moiraghi, y del propio Correo SA, sostuvo que aplicando la tasa mencionada por la Sindicatura para el reajuste, al 28 de febrero de 2021 la deuda era de 1.011.610.941,75 pesos.
Por ello, Socma realizó una última oferta donde a los acreedores categoría A, -entre ellos el Estado- “se les ofrece el pago íntegro (100% -cien por ciento) del capital verificado o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”.
La jueza pidió la opinión del Estado, el principal acreedor del Correo SA, respecto a la nueva oferta y fue Carlos Zannini como Procurador del Tesoro quien la rechazó a través de un escrito de 17 páginas. “La nueva oferta pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria”, indicó el jefe de los abogados del Estado.