La finalidad es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, dice el artículo 5 del borrador.


Bajo el título de “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, se conoció el borrador del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en febrero, iniciativa plantea la creación de un nuevo régimen cuya novedad más importante es la imputabilidad de un delito a partir de los quince años.

Así lo expresa el artículo 1 del proyecto: “La presente ley tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de QUINCE (15) y menores de DIECIOCHO (18) años al momento de la comisión del hecho (…)”. El proyecto propone la creación de tribunales especializados en adolescencia y establece en 15 el máximo de años de cárcel y la prohibición de dictar una prisión perpetua.

Según trascendió, el proyecto confeccionado bajo la órbita del Ministerio de Justicia que preside Germán Garavano cuenta con 100 artículos. Actualmente, el régimen penal de menores se rige por la ley 22278, de la última dictadura militar.

“La finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social”, dice el artículo 5 del borrador.

A continuación, los puntos principales del proyecto:

  • Pena máxima: el artículo 2 precisa que se aplicará la nueva ley a los jóvenes de 15 años que cometiesen “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión preventiva o más en el Código Penal”. Ese universo de “delitos graves” está compuesto por el homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. Entre los 16 y los 18 años podrán ser encarcelados si cometiesen un delito que en el Código Penal tenga una pena máxima igual o mayor de diez años.
  • Justicia especializada: el proyecto establece una justicia “especializada en adolescencia” para establecer sanciones y para controlar el cumplimiento de las penas. En relación a infracciones de tipo contravencional o de faltas, no podrá haber sanciones privativas o restrictivas de la libertad. La prisión, como pena, será el último recurso a que se recurra.
  • Capacitación judicial: Se contempla la capacitación del Poder Judicial. Trascendió que la aplicación del nuevo régimen penal juvenil tendrá una implementación progresiva y su aplicación no será efectiva antes del año de ser aprobada la ley.
  • Delitos menores: en este caso, y habiendo consentimiento de la víctima, entrarán en acción “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, esto es, la conciliación o mediación. Los tribunales podrán tomar como atenuantes la “inmadurez intelectual o afectiva” del imputado.
  • Sanciones socio-educativas: La iniciativa contempla la posibilidad de aplicar al menor que delinque sanciones como “la asistencia a programas de formación ciudadana” o la obligación de asimilarse a cursos de capacitación laboral. Al respecto, dice un artículo: “asesoramiento, orientación o supervisión de un equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos; de formación ciudadana; de capacitación laboral; deportivos, recreativos o culturales; asistencia a servicios de salud; tratamiento médico o psicológico”. También se incluye la “amonestación”, si el juez así lo entendiera ante una infracción menor; o la prohibición para manejar autos (límite de hasta 5 años) o para tomar alcohol (no más de 3 años).
  • Prisión preventiva: los jóvenes de entre 15 y 18 años no podrán superar el año con la sanción de prisión preventiva y cada tres meses deberá ser revisada. “La privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable y por el plazo más breve posible”, dice el proyecto. El “peligro de fuga” o el “entorpecimiento de la investigación” podrán ser esgrimidos por la justicia para dictar la prisión preventiva.
  • Cárceles juveniles: la iniciativa prevé cárceles “habilitadas y acondicionadas para tal fin, que estarán bajo dirección de personal civil”, fuera de la órbita del Servicio Penitenciario Nacional y sin participación de fuerzas de seguridad armadas. El artículo 44 de proyecto contempla la prisión domiciliaria con algún dispositivo de seguridad como la tobillera o pulsera electrónica. También se contemplan planes individualizados de monitoreo (confeccionados por equipos de psicólogos, trabajadores sociales y médicos) y salidas transitorias.
  • Celeridad y privacidad: los procesos judiciales no deberán pasar los tres años desde iniciado el expediente. Habrá prioridad para los casos que contemplen sanciones menores. El menor detenido deberá comparecer ante la justicia en un plazo de 24 horas. Las actuaciones no serán de acceso público y se preservará la privacidad del menor y la de su familia.
  • Prescripción: a los 5 años prescriben algunos delitos, en 2 años los que sean excarcelables. Las penas no podrán ser usadas como antecedentes cuando el menor cumpla la mayoría de edad.





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