La ampliación del organismo dirigido por Laura Alonso fue publicada en el Boletín Oficial.


Mientras todos los ministerios recortan cargos de alta dirección pública por orden del presidente Mauricio Macri, la Oficina Anticorrupción amplió este miércoles su estructura y creó ocho nuevas direcciones y coordinaciones, según fue publicado en el Boletín Oficial.

Los anexos de la decisión administrativa 312/2018 exhiben la ampliación de la OA, conducida por Laura Alonso. A las dos subsecretarías y a la coordinación que ya integraban el organismo, ahora se agregan seis direcciones nacionales y dos nuevas coordinaciones.

“Siempre nos llamó la atención que el organismo, que tiene ya 18 años no tenía lo que se denomina aperturas inferiores, lo que hablaba de una extrema debilidad institucional. Este crecimiento tiene que ver con la necesidad de fortalecer la Oficina, de darle más funciones y de crear una estructura administrativa acorde para implementar las competencias”, manifestó Alonso ante la consulta de La Nación.

De acuerdo al nuevo organigrama, debajo de la Subsecretaría de Integridad y Transparencia se crearon la Dirección Nacional de Declaraciones Juradas y la Dirección Nacional de Ética Pública, que a su vez sumó una Coordinación de Políticas de Integridad.

Por su parte, la Subsecretaria de Investigaciones sumó la Dirección Nacional de Investigaciones y la Dirección Nacional de Litigio Estratégico con una Coordinación de Análisis de Información. A la Dirección de Asuntos Institucionales se sumó una de Asuntos Estratégicos, que contará además con una coordinación especializada en Admisión y Derivación de Denuncias.

Se prevé que habrá una segunda etapa de reorganización en el organismo, al tiempo que se espera que para el segundo semestre de este año los nuevos cargos sean completados mediante concurso público.

Además, aún queda determinarse si se aprueba en el Congreso la nueva ley de ética pública que redactó el Gobierno y que propone que la OA se convierta en un organismo autárquico donde su titular ya no sea designado a dedo por el presidente, como ocurre actualmente, sino a propuesta del jefe de Estado mediante audiencia pública.

Por otra parte, la norma publicada en el Boletín Oficial confirma la desaparición de dos subsecretarías del Ministerio de Justicia: la Secretaría de Planificación Estratégica y la UFI AMIA, que fue absorbida por la Secretaría de Derechos Humanos, en una medida que generó polémica.




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