Crisis: el segundo semestre arranca cruzado por la incertidumbre

La pandemia encontró a la Argentina sin defensas. La estrategia oficial plantea riesgos: inflación y devaluación.

09/05/2020 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán ECONOMIA SUDAMÉRICA ARGENTINA PRENSA PRESIDENCIAL ARGENTINA
09/05/2020 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán ECONOMIA SUDAMÉRICA ARGENTINA PRENSA PRESIDENCIAL ARGENTINA

El déficit fiscal acumulado a junio superó el billón de pesos. Es un agujero sin precedentes en un lapso de tiempo tan reducido que se cubre casi exclusivamente con emisión monetaria. El factor determinante es la crisis que desató la pandemia de Covid-19 en la Argentina, un país sin ahorros ni alternativas sostenibles.

El déficit primario entre enero y mayo fue de 636.090 millones de pesos. El 95% de ese agujero se generó durante y por la pandemia. A ese monto hay que sumarle los 262.878 millones de pesos que se pagaron de deuda en cinco meses.

Con esos números, el déficit total del Estado nacional alcanzó los 898.968 millones hasta mayo. Fuentes oficiales indican que el gasto desaceleró en junio, por lo que el rojo fue menor este mes. Pero en el acumulado semestral, el déficit ya supera el billón de pesos.

El 75% del rojo primario se concentró, según el Gobierno, en cubrir medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el pago de salarios al sector privado (ATP); el programa Alimentar; gastos de la Superintendencia de Salud y del PAMI; y los Aportes del Tesoro para las provincias.

Cómo se cubre

En lo que va de 2020, el Banco Central le pasó al Tesoro por transferencias de utilidades y adelantos transitorios 1.252.000 millones de pesos. En ese período, el pasivo del Banco Central (Leliq y Pases) aumentó en 1.115.406 millones de pesos. El resto fue a base monetaria.

Martín Guzmán, dijo el jueves que las políticas monetaria y económica están “coordinadas” (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)
Martín Guzmán, dijo el jueves que las políticas monetaria y económica están “coordinadas” (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

En medio de la pandemia, el Gobierno también tomó 54.167 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Asimismo, sacó de allí 448,7 millones de dólares. Todo este dinero fue para pagar deuda.

En un evento de Bloomberg, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el jueves que las políticas monetaria y económica están "coordinadas" y que gracias a ello se están "conteniendo" los efectos de la emisión monetaria. Básicamente, que no haya una inflación desbordante.

Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, explicó que la disparada del déficit fiscal está implicando un shock de emisión, pero que se retira parcialmente vía Leliqs y Pases. Por lo tanto, el crecimiento final de la base monetaria, y de la liquidez, es menor al del déficit fiscal, lo que termina "atenuando las presiones".

Esta semana será el relanzamiento del Ahora 12, con “beneficios adicionales”. (Foto: Archivo)
Esta semana será el relanzamiento del Ahora 12, con “beneficios adicionales”. (Foto: Archivo)

"Ahora bien, esto no es gratis: el stock de Leliqs y Pases ya supera a la base monetaria, deteriorando el patrimonio de Banco Central, que cambió pasivo no remunerados (pesos líquidos) por otros que rinden intereses", dijo el economista. No obstante, consideró que dejar la liquidez excedente "era peor".

En marzo y abril, la política de reabsorción de pesos no estaba y la mayor oferta de dinero se fue al tipo de cambio paralelo (con el blue tocando los 130 pesos), alimentando las expectativas de devaluación oficial. La inflación, en tanto, por ahora sigue planchada debido a que el consumo se derrumbó. No obstante, 1,5% mensual con todos los precios regulados congelados es un alerta.

Efectos

Para Eduardo Fracchia, de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral (IAE), la estrategia oficial plantea una "gran duda" respecto de lo que podría ocurrir con la inflación en el segundo semestre que arranca el miércoles y más aún en 2021. La gran diferencia de Estados Unidos y Europa, que también imprimen, es que sus habitantes ahorran en moneda propia, y los argentinos no desean stockear pesos, sino que muestran aversión por la pérdida de valor de la moneda.

“El Poder Ejecutivo debe resolver la reestructuración de la deuda para minimizar los factores de incertidumbre y evitar tensiones en los demás mercados”, dijo el IAE en un análisis. Tras la caída de la actividad privada y la incertidumbre sobre la deuda, es determinante que los recursos que genera la economía no se trasladen al mercado de cambios, porque ello determinaría mayor riesgo de devaluación e inflación, agregó.

En el Gobierno están confiados en que habrá, pronto, un acuerdo. El secretario de Finanzas, Diego Bastourre, explicó que por otro lado se sigue apuntando a la "normalización" del mercado de deuda en pesos. Desde que arrancó el año se bajaron tasas de interés "a niveles sostenibles", hubo extensión de plazos, una reducción de los vencimientos en 2020 y aumento de la participación de la financiación en pesos en el total de deuda.

Para el funcionario, el restablecimiento del funcionamiento del mercado de deuda pública en pesos es un "requisito indispensable" para estimular el desarrollo del mercado de capitales doméstico. Con ello, según Bastourre, se busca incentivar el ahorro en instrumentos en pesos y por contrapartida, desalentar el interés por el dólar y morigerar presiones devaluatorias.

Según el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se está terminando de definir un “plan de reactivación” para el segundo semestre. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
Según el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se está terminando de definir un “plan de reactivación” para el segundo semestre. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Para el economista y presidente del Consejo de Empresarios Nacionales (CEN), Pablo Challú, no hay muchas alternativas. El Gobierno, aseguró, debería llamar ya a un acuerdo social y político que permita reducir incertidumbres y generar expectativas para una "reactivación urgente" ni bien se vayan levantando las restricciones que generan la cuarentena.

“Lo peor que puede pasar es que el Gobierno siga mirando los efectos económicos de la cuarentena y ejecutando medidas parciales, sin despejar dudas sobre el futuro y sin canalizar las expectativas de la iniciativa privada”, dijo Challú. Y de ese consenso al que apunta, deberían salir acuerdos sobre precios e ingresos, para establecer un horizonte de previsibilidad y generar el resurgimiento de la inversión en los sectores que queden con algún margen.

El tradicional Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) de la Universidad Di Tella mejoró 2,7% en junio, respecto de mayo. Pero solo porque hay un sector "pudiente" de la población que considera que en el segundo semestre podrá volver a adquirir bienes durables. En lo que respecta a la situación personal y de la macroeconomía para los próximos doce meses, lo que crece es la desconfianza.

¿Plan de reactivación?

En un principio, el Gobierno ya empezó a limitar la ayuda estatal al sector privado y a los consumidores focalizando los programas para las zonas con mayor parálisis por aislamiento. Considera que estas medidas son imprescindibles para frenar el déficit y la emisión monetaria. En paralelo, según el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se está terminando de definir un "plan de reactivación" para el segundo semestre.

El jueves Kulfas tuvo una videoconferencia con los ministros de Producción provinciales. Les dijo que habrá nuevas líneas de créditos y subsidios. Quiere coordinar con las provincias nuevos regímenes de promoción industrial para frenar la caída del empleo. Y también se planean beneficios impositivos para las pymes que busquen mercados en el exterior y exporten. Y se impulsará el consumo: con esto arrancarán esta semana, con el relanzamiento del Ahora 12, con "beneficios adicionales".

Este plan también contempla una moratoria masiva, con descuentos y condonación de intereses, y plazo de pago de entre 60 y 120 meses. Con la venia de la Casa Rosada, el oficialismo impulsará un proyecto en el Congreso. Será para pymes, grandes empresas (con restricciones para la salida de divisas) y personas con obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2020 inclusive.

Por Javier Álvarez, de la Corresponsalía en Buenos Aires.