Tras el rechazo del Senado, con la oposición ausente, al DNU de Mauricio Macri de 2015 que transfirió las escuchas de la Procuración a la Corte Suprema, Cristina Kirchner convocó a una nueva sesión por internet para este miércoles con el fin de debatir otro asunto que nada tiene que ver con la pandemia.
Por eso la oposición, tal como lo hizo en aquella sesión del jueves 4 de este mes, podría retirarse (desconectarse) a modo de protesta, por entender que no se respeta la palabra empeñada y ni siquiera al protocolo de las sesiones por teleconferencia, que lleva la firma de la vicepresidenta en el decreto 8/20.
En el Senado oposición es Juntos por el Cambio (JPC) y el interbloque Parlamentario Federal (PF), que preside el salteño Juan Carlos Romero. Son 29 legisladores.
Ambos espacios entienden que la vicepresidenta y el bloque Frente de Todos (FDT), que tiene la mayoría en el Senado, están violando el acuerdo alcanzado con el fin de habilitar las sesiones por internet: que los asuntos que se debatan online, y no de manera presencial, en el recinto, sean únicamente proyectos vinculados con la epidemia del nuevo coronavirus y/o leyes que mande el Poder Ejecutivo.
Por eso la sesión de este miércoles podría ser conflictiva. Pero, también, por el contenido de la iniciativa y porque hay una disputa reglamentaria en puerta: el proyecto podría requerir una mayoría agravada, que el oficialismo no tiene.
Escenarios
La iniciativa en cuestión le pertenece al neuquino Oscar Parrilli, un senador del entorno íntimo de Cristina, y establece la creación de una comisión bicameral encargada de investigar una posible defraudación al Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a la empresa cerealera Vicentin.
JPC considera que la situación de Vicentin no tiene ninguna vinculación con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y que, por lo tanto, al figurar en el temario se incurre en una violación al protocolo de sesiones virtuales.
De todas maneras, según pudo saber Vía País, este espacio opositor acusó recibo de las movilizaciones realizadas durante el fin de semana en rechazo a la expropiación de la compañía santafesina.
Por eso, a diferencia de la sesión del 4 de junio, en que dejaron al oficialismo y sus aliados en soledad debatiendo y votando la ley de Alquileres, en esta ocasión sí podrían participar del debate de la ley Parrilli y ausentarse solo al momento de votar.
Pero otros senadores de este interbloque opositor tampoco descartan participar del debate e inclusive votar en contra y, de esta manera, responder a las protestas de esa parte de su electorado y, además, "mostrarles los 29 de nuevo" a Cristina y los suyos.
Los 29 son los 25 de JPC más los 4 del interbloque PF: el salteño Romero, el santafesino Carlos Reutemann, la neuquina Lucila Crexell y la riojana Clara Vega.
Con este frente opositor en pie de guerra contra Cristina, no hay dos tercios para nada. Ni para Daniel Rafecas ni para la ley Parrilli, si los necesitara.
Cuestión reglamentaria
Al respecto, el reglamento del Senado establece en su artículo 88 que "para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara", que son 72. Por lo tanto, se trata de 48 votos.
El Frente de Todos y sus dos aliados, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, suman 43 (o 42, porque el peronista tucumano José Alperovich está de licencia acusado de violación).
El Frente de Todos, entonces, tiene la mayoría de sobra pero no los dos tercios, a menos que consiga el apoyo de varios de los 29 opositores, lo que hoy por hoy parece improbable.
De modo que la aprobación del proyecto de Parrilli —que para ser ley debería ser también sancionado en Diputados, donde el Frente de Todos no tiene mayoría— podría ser motivo de una nueva discusión. Como si faltaran.
Qué dice la ley Parrilli
El proyecto de creación de la Bicameral Vicentin obtuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, gracias a las firmas del oficialista Frente de Todos y de su aliado Weretilneck.
En momentos en que el gobierno de Alberto Fernández busca sacarse de encima la expropiación de Vicentin y encapsular la cuestión en Santa Fe, para apelando a la propuesta del gobernador Omar Perotti de que la solución continúe en el marco del concurso judicial, Parrilli propone la creación de una bicameral dedicada a este tema; en particular, a los su vinculación crediticia con el Banco Nación.
Esta comisión bicameral, según la propuesta, estará compuesta por seis diputados y seis senadores, e investigará las "presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía".
Dicha comisión también deberá echar luz sobre "la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control".
Además, según el proyecto, deberá indagar si se "han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos".
En la sesión especial de este miércoles también fueron incluidos dictámenes de la comisión de Relaciones Exteriores sobre los convenios para la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo; para la Extradición entre las Repúblicas de Argentina y Rumania; y para la Extradición entre las Repúblicas de Argentina y Brasil.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.