Leandro Boyer
El multitudinario banderazo del pasado sábado pareció apaciguar los ánimos del Gobierno nacional para avanzar sobre el grupo agropecuario Vicentin y ahora se apela a un proceso menos intempestivo, que permita sosegar el humor social, fundamentalmente de los sectores del campo, y reabrir la mesa de negociación para que la compañía se transforme en mixta y con conducción estatal.
La validez de los argumentos que esgrimió Alberto Fernández al presentar formalmente sus gestiones para expropiar la histórica firma cerealera se debilitó por la urgente intervención que dispuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 522/20, que se publicó el 9 de junio, y con el creciente malestar de algunos sectores.
Aunque la ley no contempla la intervención estatal de empresas sin previo aval de la Justicia, para los especialistas, el Presidente así lo dispuso porque replicó experiencias anteriores como la de Ciccone y "porque puede", a sabiendas de que contará con la mayoría para que el Congreso convalide el DNU.
Molestó el modo del plan inicial para "rescatar" mediante la estatización a una empresa, a sus acreedores y avanzar así hacia la "soberanía alimentaria" y los que salieron a movilizarse, a pesar de los riegos que aún supone la pandemia del coronavirus, lo hicieron en defensa de la propiedad privada.
La protesta permitió rememorar tiempos de extrema polarización en la Argentina, como los que se sucedieron en 2008 cuando las entidades del campo dejaron atrás sus diferencias históricas y constituyeron la Mesa de Enlace para protestar en las rutas contra la resolución 125 que diseñó Martín Lousteau, el entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner. Aquel conflicto se convirtió en un punto de inflexión en la relación entre Kirchner y Alberto Fernández, quién tiempo después renunciaría al cargo de Jefe de Gabinete. Finalmente, el voto "no positivo" de Julio Cobos frenó el proyecto de retenciones móviles.
Y tal vez para evitar aquella foto del pasado, en el Gobierno nacional se decidió en las últimas horas darle tiempo a la propuesta que preparó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y cuya definición quedó en manos del juez Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, que el pasado 5 de marzo abrió el concurso de acreedores de Vicentin.
La consigna que promueve ahora Perotti es la de reconvertir al grupo en una “empresa mixta”, con conducción del Estado. "La idea es avanzar por los caminos más adecuados, cuyo objetivo no es una dictadura comunista. No tiene nada que ver", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para confirmar el cambio de estrategia que puso en stand by el proyecto de expropiación.
¿Pero cuál es el margen de acción para concretar el nuevo propósito? Por lo pronto, se trata de una posibilidad contemplada en el marco de la ley y del propio concurso de acreedores, aunque deberá ajustarse al procedimiento formal y, sobre todo, a la negociación directa con los accionistas de Vicentin, que interpretaron al banderazo como una trinchera para defender sus intereses.
Claro que son todos pasos que se dan en un escenario totalmente incierto, y cuyo proceso judicial recién está en una fase de gestación. A saber, Vicentin recurrió a fines del año pasado a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (ATE) con el que pareció lograr avances con los acreedores, hasta que uno de ellos, la firma santafesina Gagliardo Agrícola Ganadera, del Grupo RJG, se diferenció un pidió la quiebra. Por ello, la esa primera tratativa naufragó y llegó al juzgado de Lorenzini.
La empresa transita un estado de cesación de pagos y tramita un proceso de reorganización para reestructurar una deuda de $99.345.263.086,50, en manos de 2.638 acreedores, tal como consta en el expediente. En la instancia actual, Lorenzini trata de verificar esos universos, pero sus avances también se vieron afectados por la irrupción del Covid-19, aunque el letrado innovó y ofreció la posibilidad de realizar esas presentaciones de manera online.
En el interín, el concurso establece una serie de limitaciones para el accionar de sus directivos: los administradores naturales mantienen la conducción de la empresa pero no pueden realizar actos extraordinarios de administración, es decir maniobras que vayan más allá de la operatoria de rutina; no pueden disponer de ningún bien registrable y tampoco pueden tercerizar la explotación de la empresa. El cumplimiento queda en manos de los tres síndicos que nombró el juez, los contadores Ernesto García, Carlos Amut y Diego Telesco.
En las próximas fases del proceso judicial se realizará el mapa de los activos de Vicentin y de su entramado societario y los síndicos comenzarán a investigar los acontecimientos por los que la empresa se declaró en cesación de pagos y ahí se contemplarán las denuncias sobre los manejos financieros y el acceso a créditos de los bancos públicos, fundamentalmente del Banco Nación, y también los planteos del directorio respecto al impacto de las constantes devaluaciones y la eliminación del diferencial arancelario que tenía la industria aceitera.
Para evitar la quiebra la empresa debe elaborar una propuesta de pago y, aunque se constituyó un Comité de Acreedores, con representación de los principales demandantes entre los que figura el Estado mediante el Banco Nación, la adhesión debe alcanzar un doble objetivo: agrupar a la mayoría de los acreedores y, a su vez, ese universo debe representar dos terceras partes del volumen total de la deuda. En el ATE, Vicentin ofreció pagos de entre el 20 y el 50% de contado o el 80% en ocho años.
El camino hacia una empresa mixta
Tras el revés que afrontó la primera intervención que dispuso el presidente Fernández, por la decisión del juez de Lorenzini de reponer a los administradores originales y de darle solamente rol de veedor a los enviados del Gobierno nacional encabezados por Gabriel Delgado y tras el banderazo, el único camino para no alimentar conflictos políticos es retomar la negociación con los dueños de Vicentin.
“La idea de convertir a Vicentin en una empresa mixta es posible si ello se estructura como una propuesta de acuerdo preventivo para ofrecérselo a los acreedores, dentro del proceso judicial de concurso preventivo, y que ello conforme el ‘acuerdo preventivo judicial’ que finalmente homologue el juez”, explicó a este medio Daniel Roque Vítolo, profesor titular de la UBA, autor de la Ley de Quiebras y abogado de empresas.
Agregó que “para ello es necesario un acuerdo entre los actuales accionistas y el Gobierno nacional para estructurar el plan de rescate capitalizando los créditos del Banco Nación y de la AFIP, y estableciendo clases de acciones diferentes para los privados y el Estado, y un régimen de administración equilibrado en el cual participen ambos con un management profesional altamente especializado”.
En línea se pronunció el también especialista y profesor de derecho concursal de la UBA, Marcelo Haissiner. “La famosa sociedad mixta de la que se habla implica que parte de las acciones vayan a manos del Estado. Eso se concretaría pero no con un procedimiento forzado, sino en el caso de que Vicentin aceptara entregar parte de sus acciones por un aporte de capital o por la resignación de los créditos”, explicó.
“Lo que se propone es que el Estado le compre una parte de las acciones”, remarcó Haissiner.
Cualquier negociación dependerá de la información que convalide el juez en su trabajo. Pero para Vítolo, “mientras tanto, con un dictamen favorable del Comité de Acreedores y del síndico, los accionistas y el Estado podrían celebrar perfectamente un acuerdo de administración transitoria de la empresa, con participación de ambas partes y con un plan de negocios inmediato (una suerte de “standstill agreement”) para preservar la integridad de los activos y proteger el patrimonio”.
Guiño de Vicentin para volver a negociar
El viraje del Gobierno nacional generó cierta expectativa entre los accionistas de Vicentin, quienes se mostraron abierto a la posibilidad de sentarse a discutir una conducción mixta del grupo agropecuario.
“Si mixta significa que el Estado capitalice sus acreencias en el marco del concurso y todos sus acreedores estén de acuerdo y el juez lo considere, no es un problema”, indicaron fuentes de la firma consultadas por este medio.
Seguido, aclararon que “lo que no se acepta es ningún tipo de intervención o expropiación que atente contra el derecho de propiedad y contra el derecho de los accionistas de ejercer el directorio, tal cual lo ratificó el juez del concurso”.