En la mañana de este lunes se dio a conocer que la Justicia será quien se encargue sobre la situación que culpa a María Eugenia Martini sobre la defraudación al Estado. La actual legisladora por El Frente de Todos, habría beneficiado indebidamente a dos empresas constructoras mientras que, en algunos casos, las obras no habían siquiera empezado.
Fue el juez Ricardo Calcagno quien imputó en las últimas horas a la exIntendenta de Bariloche, y actual legisladora provincial, María Eugenia Martini por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, considerando el uso de documentos públicos falsos. A su vez, la causa investiga la malversación de fondos del programa nacional Techo Digno en Río Negro.
Este lunes por la mañana se realizó una audiencia en la que el fiscal Guillermo Lista relató que los hechos se vinculan a los planes de 376 y 495 viviendas contempladas en el programa habitacional. La investigación asegura que en el primer caso refirió a un convenio firmado el 23 de diciembre de 2013, con María Eugenia Martini al frente de la Intendencia Municipal, con un plazo de 24 meses para la ejecución de las tareas. Ante esto, se conoció que en abril del 2014 y julio de 2015 el municipio recibió más de 177 millones de pesos que, en un 98,71%, habrían sido transferidos indebidamente sin que se corresponda con el avance real de las obras.
El fiscal agregó que el plazo de ejecución de obra por aquellas 376 viviendas era de 24 meses, y que el último desembolso llegó en julio del 2015, casi un año antes de lo previsto. Ante esto, el fiscal señaló que se ordenaron pagos de dinero a Alusa SA y Oriente Construcciones por 100.225.269 pesos y consideró que fueron beneficiados “indebidamente” Juan Usandizaga (Alusa) y Juan Castelli (Oriente), por medio de certificaciones de avance de obras “apócrifas”.
Debido a estas causas, Lista considera que María Eugenia Martini violó los deberes que le correspondían como Intendente Municipal, por lo que acusa a la funcionaria de que en su período de mandataria se ordenaros pagos de dinero a ambas empresa por 25,5 millones de pesos pero no se correspondieron con el avance de obras ya que ni siquiera habían comenzado. “Esta operatoria se cumplió mediante la concreción de certificados de avance de obras resultaban apócrifas”, aseguró.