Un año y medio después del homicidio de Hugo Oldani en Santa Fe, la Justicia federal confirmó el procesamiento por la actividad de una “cueva” financiera en el negocio de la víctima. En la causa imputaron a su hija y otras nueve personas ligadas a actividades ilegales previas al crimen en la Galería Rivadavia.

La resolución de segunda instancia en la Cámara de Apelaciones de Rosario ratifica la decisión que tomó en abril el juez Marcelo Bailaque, encargado de analizar la evidencia presentada por el fiscal Walter Rodríguez. La investigación partió de la denuncia sobre el retiro de un millón de dólares y 3,3 millones de pesos en la agencia de turismo de Rioja al 2400.

La pesquisa partió de una presentación del entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en junio de 2020. La hipótesis de los investigadores es que Virginia Oldani y otras personas se llevaron del local esa suma de dinero producto de una “intermediación financiera no autorizada”.

Los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda avalaron el procesamiento que deja a los imputados un paso más cerca del juicio oral por el presunto funcionamiento de la cueva en la galería santafesina.

Oldani fue asesinado el 11 de febrero y la investigación sobre el hecho reveló que dentro de la agencia había una caja fuerte con gran cantidad de dólares y pesos. Un análisis de la División Scopometría de la Policía Federal permitió establecer el monto aproximado de efectivo y concluyeron que esa suma “no se condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial”.

Una agencia de turismo bajo sospecha como “cueva” financiera

La primera causa que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que la hija del empresario fue al negocio días después del crimen junto a su pareja José Luis Hernández y otras personas no identificadas. Entraron al local de noche y salieron con un bolso, una caja azul y una mochila que antes no tenían.

El informe de la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, indicó que los sospechosos se retiraron a la 1.04 de la mañana siguiente. La denuncia posterior en el fuero federal derivó en el procesamiento de la secretaria del comercio, María José Calle, entre la decena de imputados.

El fiscal Rodríguez planteó que tanto esta última como Virginia Oldani eran “brazos ejecutores de las maniobras delictivas”. En base a la evidencia recabada, señaló que la “cueva” operó al menos desde 2018 y ninguna de las personas involucradas estaba autorizada para esa actividad.

La mayor parte de la prueba se obtuvo del teléfono celular del empresario, secuestrado en la escena del crimen. Entre las maniobras descriptas se incluye la colocación de dinero a cambio de interés con posibilidad de renovación y el cambio de cheques con descuentos.

Por otro lado, en la causa hallaron indicios de la colocación de recursos financieros para préstamos inmediatos, préstamos garantizados contra la entrega de cheques y préstamos en dólares con devolución en cuotas mensuales. También sospechan que allí se coordinaba el ingreso o egreso de divisas al país “a cambio de una comisión de servicio calculada sobre el monto de la operación”.