Una ex senadora provincial sanrafaelina fue condenada por narcotráfico. El juez Alejandro Piña, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, sentenció a Raquel Páez (55) a cumplir cuatro años y cuatro meses de prisión
La causa se inició a mediados de noviembre de 2019. La ex legisladora de San Rafael fue detenida junto a su hijo en un control de Gendarmería Nacional en la ruta 40 en Tunuyán. Les hallaron oculto en el Chevrolet Agile en el que viajaban, más de un kilo de marihuana.
Después les allanaron los domicilios y dieron con más mercancía lista para la venta y productos para cortarla y fraccionarla.
En los procedimientos incautaron 48,8 gramos de marihuana fragmentada lista para la comercialización, plantines y frascos con aceite de cannabis, 21 gramos de una sustancia destinada presumiblemente para corte, envoltorios, papel films, cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo, celulares, computadoras, GPS y una placa con la leyenda “senadora provincial”.
Como parte de la investigación para desbaratar lo que era una red de venta de estupefacientes entre la capital y el sur provincial, los efectivos detuvieron en el Gran Mendoza a otra integrante de la banda, María Laura Narváez (35), quien por entonces era pareja de un hombre que estaba detenido en el penal provincial. Este sería el encargado de digitar los movimientos de la organización.
Durante el juicio en el que condenaron a la ex legisladora, también se sentaron en el banquillo de los acusados, Narváez y el hijo de Páez. En el caso de la mujer, fue condenada a cuatro años y cuatro meses de prisión, como su compañera de andanzas, y el hijo de la ex senadora, Renzo Molina, a tres años de prisión en suspenso.
La pobre senadora
Raquel Páez era una funcionaria municipal que fue electa senadora por el Partido Justicialista en 2001 y, un año después, llegó a ocupar su banca en la Legislatura mendocina.
La sanrafaelina saltó a la fama en 2004 pero no tenía relación con su tarea legislativa, sino por reclamar casi $50.000 por salarios propios adeudados más de tres colaboradores, ya que hubo una demora de nueve meses para que asumiera el cargo.
Así mantuvo un conflicto con la Justicia Electoral, pese a que en ese tiempo igual cobraba el sueldo de empleada de la Municipalidad de San Rafael.
Su protesta no surgió efecto; por el contrario, terminó siendo suspendida en la Legislatura por 15 días por “falta ética”. En 2006 concluyó el mandato.