El gobernador Rodolfo Suárez consiguió el visto bueno de la Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado para avanzar con el contrato de traspaso de Potasio Río Colorado, de la minera brasileña Vale a la provincia.
Una vez que se cierre legalmente el traspaso, Mendoza podrá disponer de esos activos valuados en 30 millones de dólares y por sobre todo salir a buscar inversores para la explotación del yacimiento de sales de potasio en Malargüe.
Dentro del proceso administrativo la opinión de la Fiscalía de Estado era una de las más esperadas teniendo en cuenta que quien la comanda, Fernando Simón, es de extracción peronista y con el ex gobernador Alfredo Cornejo tuvo algunos chispazos mediáticos.
Sin embargo, en lo que concierne a Potasio Río Colorado se trabajó en conjunto durante meses y no encontró objeciones legales. Aunque si observó aspectos que conciernen a la confidencialidad solicitada por la empresa.
En el convenio ha quedado claro que el contrato y todos los actos administrativos serán publicados, mientras que la información que podría considerarse “reservada”, estará sujeta a una autoridad competente (como puede ser la Justicia) en caso de ser necesario. Insistió también en que sea la Legislatura provincial la que abroche el acuerdo rubricado en Buenos Aires la semana pasada.
Ricardo Canet, a cargo de la Asesoría de Gobierno también avaló el contrato y todo quedó listo para que Suárez y el oficialismo en la Legislatura terminen de darle el último empujón.
El traspaso implica que la Provincia se haga de los activos tangibles e intangibles que tuvo Vale, cuya cotización es de 30 millones de dólares. Este monto le permite administrar la mina sin tener que erogar fondos propios por al menos 5 años y tener tiempo para buscar inversores que reactiven el proyecto en Malargüe.
La empresa, por su parte, recibe inmunidad por parte del Gobierno algo que se detalló en el contrato firmado como pueden ser la existencia de procesos y reclamos que no hayan sido ocultados ni sea información falsa. Igualmente, el blindaje es muy amplio y los dictámenes de ambos organismos respaldan la legalidad del acto del Gobierno provincial.
Acelerar el trámite
“La intención es mandar el proyecto a la Legislatura esta semana” dijeron en la Casa de Gobierno. Por lo tanto, se espera que el decreto que debe firmar Suárez aprobando el contrato, se publique a la brevedad en el Boletín Oficial.
Una vez producido ese acto administrativo, un proyecto de ley ratificando ese decreto deberá obtener sanción definitiva por parte de ambas cámaras legislativa. Aun no hay detalles por dónde ingresará, pero sí está claro que tendrá prioridad.
Con la promulgación de la ley que surja, el contrato quedará firme y el paquete accionario de Potasio Río Colorado S.A. pasará a la administración provincial.
El proyecto diseñado aspira a la generación de 200.000 toneladas de potasio por año, algo que implicará una inversión de 200 millones de dólares. Se espera que durante la etapa de construcción o readecuación de la mina, se generen cerca de 1.000 empleos. Una vez operativo el yacimiento, operarán entre 200 y 300 trabajadores.
Seguirá siendo una sociedad anónima
Una de las alternativas que se barajó en un principio, cuando las charlas con Vale iban a buen puerto, era la de la crear una empresa provincial minera, con un formato similar al de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (Emesa). Sin embargo, hubo cambio de planes y se mantendrá Potasio Río Colorado S.A. que ya tiene rodaje.
El 100% de las acciones de esta sociedad anónima era propiedad de, a su vez, dos S.A. (Vale Fertilizer Netherlands B.V y Vale S.A.). De la operación resulta la transferencia de ese paquete accionario a nombre de la Provincia de Mendoza.
Así, será Potasio Río Colorado S.A. el “envase” que contenga los activos recibidos por parte de Vale y desde donde se realicen las acciones necesarias para concretar la llegada de inversiones.
*Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.