Gonzalo Villatoro
Un agente municipal quedó en la cuerda floja y a un paso del despido en General Alvear. Descubrieron que el obrero fue detenido y sentenciado a seis meses de prisión efectiva por violar una inhabilitación para conducir pero engañó a la municipalidad para continuar cobrando el sueldo como si nada hubiera pasado.
El empleado estatal presentaba certificados médicos para obtener licencia por problemas psiquiátricos.
El escándanlo que envuelve a la comuna del sur mendocino fue descubierto por el bloque de concejales opositores.
A fines del mes pasado los ediles justicialistas iniciaron un expediente solicitando información sobre el agente Claudio Sergio Parra (46) porque aparentemente había estado preso pero siguió percibiendo el salario mensual con total normalidad.
Ante el reclamo opositor, desde la asesoría letrada del Municipio solicitaron información al tribunal en Alvear y se llevaron la sorpresa, les confirmaron que efectivamente Claudio Parra estuvo detenido desde el 7 de marzo de este año y lo condenaron a seis meses de prisión. La sentencia se cumplió en el domicilio del imputado.
Con la notificación en la mano, iniciaron un sumario administrativo que puede desembocar en la exoneración del agente. También está la posibilidad de realizar una denuncia penal por fraude al Estado.
"Nos esteramos de casualidad del tema y requerimos los informes correspondientes a la comuna para constatar cual era la situación real de este empleado que mientras estuvo detenido cobró como si nada pasara", comentó el concejal Javier García.
"Cuando vimos el expediente empezamos a averiguar y desde la justicia nos confirmaron que el empleado estuvo detenido desde marzo y lo sentenciaron a prisión efectiva. El problema es que la Municipalidad, como empleador, nunca fue notificada de esa sentencia", replicó Sergio Alonso, abogado del municipio.
Claudio Parra, que tiene rango de capataz, arrastraba una condena por un accidente de tránsito en el que falleció una persona alrededor de por 2011. En aquel entonces lo sentenciaron a 3 años de prisión. Pero además lo inhabilitaron para manejar, y esa pena aún seguía vigente.
En marzo de este año la policía de tránsito lo paró en un control rutinario y saltó la prohibición para conducir, lo que derivó en su inmediata detención y la posterior condena a 6 meses por quebrantar una pena impuesta por la justicia.
Para burlar al Estado y cobrar el sueldo, Parra primero se pidió vacaciones y cuando se cumplió el tiempo, estiró la licencia presentando certificados médicos por supuestos problemas psiquiátricos.
Parra se reincorporó al trabajo en agosto, porque ingresó en el beneficio de la libertad asistida, y prosiguió con su vida laboral normal. Sin embargo ahora que descubrieron el ardid, le iniciaron el sumario y los suspendieron preventivamente por 90 días.
"Acá hubo una especie de fraude al Estado porque el juzgado confirmó que estuvo detenido, no hay dudas de eso", afirmó el abogado Alonso.
"Administrativamente corresponde iniciar el sumario que puede concluir con una sanción, la cesantía o directamente la exoneración. El trámite puede demandar unos 30 días porque ya fue notificado y ahora él tiene 10 días hábiles para contestar. De entrada pretendemos que devuelva el dinero que se llevó indebidamente", agregó el letrado.
Mejorar la comunicación
El abogado Sergio Alonso se refirió a la falta de comunicaciones desde la Justicia hacia el Estado municipal, aunque lo llevó a todos los estamentos y también al sector privado.
"Acá el problema es que nunca nos enteramos de la sentencia porque nunca se nos notificó. Ahora le pasó a la Municipalidad pero le puede pasar a cualquiera, también los privados", sostuvo el asesor legal de la comuna.
"No podemos andar viendo todos los días quien tiene problemas con la justicia. Es preciso que haya un aviso, una notificación de algo así hacia el empleador", insistió Alonso.