La madre lo denunció en el 2012 pero la Cámara del Crimen 1 de San Luis le dio el beneficio de la duda. Exigen que revisen el caso nuevamente. 


La Cámara del Crimen 1 de San Luis absolvió por el beneficio de la duda a un hombre sospechado de abusar sexualmente de su hija de 4 años. Ahora la madre de la menor, que denunció al hombre en el 2012, pegó el grito en el cielo y pide que se revise nuevamente el caso. La fiscal de Cámara aseguró que irá ante el Superior Tribunal de Justicia con un recurso de Casación.

Gabriela Toledo, la madre de la nena, con mucha angustia rompió el silencio y contó a El Diario de la República que: “Hoy, si me abro a los medios es porque siento que hubo una falta de justicia por parte de un tribunal puntano. Hace siete años empezamos con esta lucha. En 2012 realicé la denuncia y este tribunal, conformado por dos mujeres, irónicamente, hizo lo que yo llamo la vista gorda a lo que dicen seis psicólogos y una Cámara Gesell”. 

“Lo primero que quiero decir es que durante siete años guardé el silencio total y absoluto por respeto a mi hija. Intenté preservarla lo más que pude, es decir, no hice ni una sola marcha pidiendo justicia por ella, ni hice ninguna exposición mediática ni por redes sociales. Sentía que era la manera de seguir cuidándola”, relató.

Cuando se refirió a las pruebas, que a su entender demuestran la existencia de los abusos, dijo que “de los seis psicólogos que avalaron la denuncia, cuatro eran peritos judiciales”. Los jueces “no escucharon a la pediatra, tampoco les importó la postura que tuvo la fiscal, ni siquiera la defensora de Menores, y esto sin siquiera detenernos dos segundos a aplicar el sentido común y el criterio de interpretar lo que mi hija pudo expresar mediante sus dibujos”, sentenció enojada.

Toledo hizo referencia a los dibujos que la pequeña hizo en la escuela, de forma espontánea y sin que nadie la indujera. “Acá podemos ver el título y acá vemos la firma de la docente”, afirmo la madre mientras señalaba las escenas que su hija bosquejó en papeles, donde aparecen ella y su padre. Y que, al relacionarlas con el relato que la niña ha hecho, sobre distintos episodios, indudablemente refieren a hechos de carácter sexual.

Sin embargo, para el tribunal integrado por José Luis Flores, Silvia Aizpeolea y Mónica Ponce de Xacur, las pruebas que la madre enumera no alcanzan para formar la absoluta certeza que necesita un juez para condenar a un sospechoso.

“Entiendo que no se ha consolidado de manera contundente e indubitada la convicción de que el hecho incriminado a J. G. se haya producido”, afirmó, en sus fundamentos el camarista Flores, quien fue el primero en votar y agregó que: “Al analizar la acusación fiscal, se advierte su fragilidad argumental incluso en la descripción típica del hecho. Se le atribuyen conductas que se encuentran muy por fuera de la periferia típica del abuso sexual simple”.

Para Flores, la denunciante fue cambiando su relato en relación a la cantidad y el contenido de los hechos que le atribuye a su ex. Ellos ya estaban separados cuando ella lo denunció. “Se aprecia que desde los hechos denunciados por la progenitora de la niña, según dice por lo que la misma le ha relatado, hasta que se concreta la acusación han ido incrementándose los hechos atribuidos y el contenido de los mismos. De tal suerte que nos hemos encontrado frente a una suerte de ‘imputación flotante’”, afirmó Flores.

El tribunal no comparte esa valoración

De acuerdo a lo que explicó Gabriela Toledo, el informe de la entrevista psicológica a su hija en la Cámara Gesell de los tribunales acredita que la profesional que la hizo halló indicadores de abuso. Pero para los jueces no es suficiente.

“En el informe de Cámara Gesell también se observa un contenido relativamente inconsistente en cuanto a las apreciaciones de los dichos de la niña, atribuyendo contenido y referencias sexuales que no se encuentran adecuadamente sustentadas en los dichos aislados a modo de abono de esas conclusiones”, dijeron los jueces en su fundamentación.

“Los hallazgos psicológicos a los que refieren las testigos (en referencia a las psicólogas) no pueden ser tenidos por signos específicos de abuso sexual, a pesar de ser compatibles con abuso sexual infantil (angustia, pesadillas, cambios de ánimo, encopresis), pueden ser signos de otros componentes de la vida de la niña, el miedo al abandono, a la pérdida de su binomio parental, a la armonía de su hogar, al clima emocionalmente hostil al que estaba obligada, en fin. No se trata entonces de signos que confiablemente puedan ir más allá de la sospecha, y por tanto son carentes de entidad para conformar la indispensable certeza que habilitaría la condenación penal”, agregaron.

Según informó el medio local, los jueces dan a entender que la denuncia pudo haber sido por un encono de Gabriela contra su ex. “La testigo Toledo (y tal como surge de los otros testimonios de quienes tuvieron trato con ella, lo señalado por el acusado en su declaración indagatoria durante el juicio, lo referido por quienes conocían a la pareja) estaba animada por una clara animadversión contra el acusado”, dijeron.

“Yo fui peritada cuatro veces, por tres peritos del Poder Judicial y por un perito que puso el abusador para intentar encontrar algo mal en mí”, recordó Gabriela y señaló su cabeza con la mano. “De allí surge que no tengo ningún trastorno, que no tengo ningún delirio de mitomanía ni nada por el estilo”, completó Gabriela Toledo.

Luego cuestionó indignada: “En la pericia de él surge que es un obsesivo compulsivo ¿por qué no investigaron un poquito más? ¿Por qué pusieron el foco en la madre y en la hija, por qué no lo investigaron un poco más a él?”.

Y va más allá: “También me surge otra duda, para preguntarles a los señores jueces. Yo tengo mi perfil bajo, el ‘señor’ es profesional, es docente universitario, es fotógrafo y periodista ¿entonces, tiene más crédito que si fuera una persona de un barrio marginado?” Guillermo Celi, el abogado que acompaña a Toledo en la protesta, dice que en la sentencia “los jueces ponen el acento en las desavenencias de la pareja, previas a los hechos, más que en el hecho en sí mismo. En varias oportunidades hacen referencia a estas supuestas peleas maritales, como si ese fuera el origen de la denuncia”.

Los camaristas “entienden que como la menor ha participado de alguna marcha, entonces debería saber y conocer lo que significa el abuso. Y entonces, como no lo dice cuando está siendo interrogada, consideran que no existió. No tienen en cuenta el bloqueo emocional de la víctima”, afirmó.






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