Pasados 7 años desde la muerte de Franco Casco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció que retomará el rol de querellante en la causa elevada a juicio oral. La principal hipótesis en torno al hecho que involucra a 19 policías es que se trató de una desaparición forzada en Rosario.

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El titular del organismo, Horacio Pietragalla Corti, recibió este martes a la familia del joven cuyo cuerpo fue hallado el 30 de octubre de 2014 en el río Paraná. A principios de ese mes había sido detenido y trasladado a la Comisaría 7° antes su viaje de regreso a Florencio Varela.

Desde la secretaría recordaron que el rol de querellante fue abandonado en 2015 por la gestión anterior. A través de un comunicado, expresaron su “compromiso con los familiares de víctimas de violencia policial y con las políticas que se están llevando adelante para formar con perspectiva de derechos humanos a las fuerzas de seguridad de todo el país”.

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Durante la reunión, Pietragalla Corti estuvo acompañado por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. Tras el encuentro confirmaron que el juicio oral comenzará el 6 de diciembre.

La mayoría de los acusados cumplían funciones en la seccional donde Casco fue visto con vida por última vez. Además, el fiscal Guillermo Lega imputó a agentes de la ex división de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

Casi 20 policías en el banquillo

Según el fallo del juez federal Carlos Vera Barros, cuatro policías serán juzgados como “coautores” de los delitos de “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima”.

Otros siete agentes afrontarán cargos como “coautores” pero sólo por “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”; y seis como “partícipes secundarios” del mismo delito, detallaron las fuentes.

Los dos acusados restantes serán juzgados por el delito que castiga a quien “ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer” y “asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito”.

Por otra parte, fueron sobreseídos nueve policías por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima y otros tres por el delito de encubrimiento.

Detenido antes de volver a su casa

Según se dio por acreditado en el expediente, el 6 de octubre de 2014, cerca de las 17.30, Casco partió de la casa de una tía en Rosario hacia la estación de trenes para regresar a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde residía con su familia.

En cercanías de la estación, fue abordado por agentes de la Comisaría 7° de la Policía de Santa Fe, aunque por ahora se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la detención.

La investigación permitió conocer que Casco fue trasladado a la seccional, donde fue aislado en un calabozo “pequeño, oscuro y mugroso” al que denominaban “La Jaulita” porque allí encerraban a jóvenes que aprehendían por supuesta “averiguación de antecedentes”.

De acuerdo a los testimonios de presos alojados en esa comisaría, algunos de los cuales pudieron hablar con Casco, en determinado momento se escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio del joven. Luego de eso “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente”, indicó el fiscal.

Los indicios de una desaparición forzada

La policía le dijo a los familiares que el joven había sido aprehendido “por atentado y resistencia a la autoridad”, ya que “estaba drogado, como perdido” y aseguró que luego fue liberado.

Sin embargo, Casco nunca llegó a Retiro, donde lo esperaba su madre Elsa y frente a las averiguaciones, “el personal registró su detención modificando sensiblemente sus datos personales, apellido, número de documento y domicilio” y le dio intervención al fiscal de turno “con la finalidad de darle sustento legal a un proceder totalmente irregular”.

El dictamen pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la comisaría, ya que de no haberlo hecho “nunca se hubiese descubierto que Casco había sido privado de su libertad”. Las maniobras de ocultamiento continuaron hasta el 30 de octubre, cuando Prefectura Naval encontró el cadáver de Franco en el río Paraná.

La autopsia y demás pruebas permitieron establecer que el joven había sido asesinado antes de ser arrojado al río y que el tiempo de inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.