Huenú Cabrera
Ambientalistas y vecinos de Rosario manifestaron una profunda indignación por la exclusión de la Ley de humedales de la lista de temas a tratar en las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo entre el 23 de enero y el 28 de febrero. A pesar de haber surgido de filas del oficialismo, la iniciativa no se tratará hasta las sesiones ordinarias y denuncian que es porque “los intereses citados atraviesan transversalmente el arco político”.
El Delta del Paraná continúa en llamas. Las columnas de humo no son visibles como en otras épocas, pero la contaminación se sigue sintiendo en el aire. Pese a los daños a la salud advertidos por expertos y la pérdida de un ecosistema vital en las islas, el proyecto de ley consensuado con dictamen del 2022 descansa en el cajón de las cuestiones no prioritarias.
La falta de interés por tratar el proyecto no sorprende. Desde el inicio, los dictámenes se consiguieron a fuerza de presión social de sectores ambientalistas, vecinos y ONGs que vienen reclamando hace años una solución real, soportando la pérdida de estado parlamentario de una iniciativa tras otra.
En ese marco, lo que parecía invisible para la política se volvió una realidad a gritos cuando en 2022 las partículas contaminantes llegaron a Buenos Aires. El compromiso por tratar la Ley se reforzó en tiempos de tos seca y lluvia de cenizas, pero bastaron unas semanas de aire fresco para que el interés se diluyera en beneficio de ciertos poderes económicos. Los damnificados tendrán que seguir esperando.
¿Qué podría pasar este año con la Ley de humedales en sesiones ordinarias?
El referente de la ONG El Paraná No Se Toca, Jorge Bártoli, sabe que la cuestión es más difícil de lo que parece. Con un año electoral por delante, las fichas estarán puestas en campañas y candidatos; y a pesar de que el proyecto pudo convenirse, hay un notorio “desinterés e impotencia para motorizar una Ley de humedales al no incluirla en los proyectos para tratamiento en las sesiones extraordinarias”. En ese contexto, sostiene que las bancas oficialistas y opositoras parecen coincidir en no tocar ciertos intereses económicos ligados a lobbies productivos.
“Que el Delta arda en este contexto no es falta de control, de coordinación o de recursos. Es una decisión política. Se han destinado millones de pesos al combate y prevención de incendios que continúan aconteciendo, escenario anticipado y denunciado. Lo que se necesita es legislación, control y un modelo de país acorde a la conservación de los ecosistemas y la salud humana”, cerró.