Cerca del tercer aniversario de la impresionante explosión en el laboratorio Apolo, la Fiscalía rosarina anunció este lunes la suspensión de juicio a prueba por un año para dos de los imputados por el siniestro. Con respecto a los otros tres se solicitó el sobreseimiento, aunque la querella no aún respondió sobre esos casos.
La propuesta se dio a conocer luego de que la demorada investigación sobre lo ocurrido el 27 de junio de 2016 finalmente llegara a fines del año pasado a la instancia de una acusación formal por estrago culposo y lesiones graves culposas. En el marco de dicha causa, los abogados del entonces gerente Marcelo Ferré y Jorge Gómez, jefe de mantenimiento, accedieron a pagar 30 mil pesos como parte de las medidas para reparar el daño ocasionado.
El juez Hernán Postma aceptó un acuerdo que contempla también la realización de tareas comunitarias durante un año en San Nicolás, la abstención del consumo de estupefacientes y evitar el abuso de bebidas alcohólicas.
Respecto Ariel y Damián García y Marcela Vozza, el fiscal Walter Jurado espera que queden desvinculados del caso si la querella no se opone en los próximos 60 días a través del abogado Ignacio Carbone.
A cada uno de los implicados se los señaló por "negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes de sus respectivos cargos". Esa conducta fue la que derivó en la explosión de la caldera del establecimiento ubicado en Leandro N. Alem 2967, destrozado en simultáneo con los daños materiales que sufrió una vivienda aledaña. A eso le sumaron las lesiones de las víctimas que se encontraban allí esa madrugada.