La designación de María de las Mercedes Pereyra como representante de los magistrados chaqueños puede traer una polémica en el ámbito del derecho.


Mediante un sorteo desarrollado en el Salón Auditorio del Superior Tribunal de Justicia, la jueza María de las Mercedes Pereyra fue designada para representar a los magistrados letrados en el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco durante el período 2020-2022. En el acto que contó con la presencia de la presidenta del STJ, también se designó en el mismo cargo, pero con un rol suplente, a la jueza Correccional Natalia Analía Fernández Floriani, quien formará parte del órgano que tiene la función de evaluar las tareas de los representantes judiciales.

La noticia pasaría a ser parte de la rutina lógica del Poder Judicial chaqueño si no fuera porque la doctora Pereyra, quien es la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Resistencia, está procesada por la justicia federal acusada de obstrucción a procesos e investigaciones que involucraban, en ese momento a funcionarios en ejercicio. Integrantes del Gabinete de Domingo Peppo. Es más, su situación fue llevada en el 2019 hasta el órgano del cual ella ahora formará parte, a través del mecanismo constitucional correspondiente acusada de “actos reiterados de parcialidad manifiesta” y “reiteración de graves irregularidades en el procedimiento, como causales de mal desempeño en sus funciones”. Las imputaciones se las hizo un grupo de diez fiscales de investigación de la Provincia.

En aquella oportunidad, la situación de la jueza Pereyra provocó un contexto de altísima tensión institucional, que involucró debates que están registrados en las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados del Chaco. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, en la votación final, desestimó la denuncia con el sufragio de sus siete integrantes que terminó 4 a 3 en favor de la acusada, por lo que su causa pasó a archivo en el plano provincial. La imputación d elos fiscales federales sigue vigente.




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