El secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, Héctor Gabriel Somaglia, le envió una extensa nota al Fiscal General, Jorge Baclini, en donde le pide que deje sin efecto la quita de colaboración que implementó el Fiscal Regional de Rafaela, Diego Vigo. Además, le pidió que remita este legajo a la Legislatura para que ésta lo investigue, lo mismo que evalúe la posibilidad de que haya cometido algún ilícito, dado que entiende que no tiene facultad para realizar esto.

Recordemos que el lunes, el Fiscal Regional de Rafaela, Dr. Diego Vigo, firmó una resolución a partir de la cual quita toda colaboración con la Organismo de Investigaciones (OI), el organismo en donde ese mismo día se había reintegrado Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe. Al mismo tiempo, Vigo solicitó la inmediata devolución de los legajos de investigaciones, documentos y objetos, así como cualquier otro tipo de elementos que se encuentren bajo la custodia del OI. Para ello, deberían coordinar cada fiscal y la secretaría de gestión de cada Unidad Fiscal. Asimismo, el OI deberá finalizar las diligencias que se encuentren pendientes y no puedan suspenderse sin grave riesgo para el éxito de la investigación, de lo que deberá darse noticia inmediata al fiscal regional.

En el escrito, Somaglia justifica el pedido a Baclini en que, “con el propósito de mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”. Describe la decisión de Vigo como una “situación de severa gravedad institucional” y que genera inconvenientes en “la prestación del servicio de Justicia en general y, especialmente, para el sistema de investigación y persecución de delitos en la provincia”.

“Concretamente –explicó Somaglia-, el fiscal (Vigo) dispuso de facto, sin sustento legal alguno, el cese de la intervención del OI como órgano previsto en el art. 30 de la Ley Nro. 13.013 del Ministerio Público de la Acusación y en la Ley Nro. 13.459 (Ley Orgánica del Organismo de Investigaciones)”.

“Resulta pertinente destacar la trascendencia que dicho órgano técnico reviste en el sistema de justicia penal para una eficaz y efectiva política de persecución penal de la criminalidad compleja y organizada, expresando nuestra preocupación en términos institucionales por cuanto la instrucción general del fiscal anuló indebidamente la competencia (art. 5 de la Ley Nro. 13.459) que el Organismo de Investigaciones tiene en el abordaje de sucesos delictuales que comprometen gravemente los intereses generales de la sociedad”, remarcó Somaglia.

El secretario de Justicia advirtió, además, que “las consideraciones en las que se pretende motivar la instrucción general que referimos, desgranan aspectos que carecen de todo asidero normativo para adoptar la determinación del cese de intervención del Organismo de Investigaciones en la Fiscalía Regional Nro. 5, sustentándose tal decisión en cuestiones absolutamente ajenas al funcionamiento del referido órgano como instancia institucional que integra el MPA, dentro del Poder Judicial de la provincia”.

El fiscal carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de intervención del Organismo de Investigaciones, ya que tal decisión no se encuentra comprendida dentro de las atribuciones previstas en el art. 18 de la Ley Nro. 13.013 del Ministerio Público de la Acusación, que sólo prevé la posibilidad de dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo”, agregó en la nota.

“Asimismo –continuó Somaglia en la nota-, no podemos dejar pasar por alto que el temperamento adoptado por el fiscal regional con asiento en la ciudad de Rafaela lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales, siendo ellos quienes tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones”.

Más adelante, Somaglia explicó que “la decisión adoptada por el fiscal regional Nro. 5, sin sustento legal alguno, vulnera arbitrariamente los derechos laborales y roles funcionales que tienen las autoridades y agentes que cumplen funciones en el ámbito del Organismo de Investigaciones de esa Fiscalía” con asiento en la ciudad de Rafaela.

“Lo referido precedentemente, configura una conducta que conspira contra la propia institución del Ministerio Público de la Acusación en cuanto a la finalidad de su creación, pues impedirá el esclarecimiento de hechos delictivos en curso y futuros”, subrayó Somaglia. Finalmente, en el escrito solicitó a Baclini que se analice “si el comportamiento desplegado por el fiscal (Vigo) podría configurar la comisión de algún ilícito penal”.